Por tráfico de influencia

Apelaron el archivo de la denuncia contra diputados

De la Redacción de El Litoral

Los abogados Germán Corazza y Juan Aguilar presentaron la semana pasada un escrito ante el juez de Instrucción Diego de la Torre cuestionando el archivo de las actuaciones por el supuesto “tráfico de influencia” del cual resultaron acusados los diputados peronistas Luis Rubeo y Leandro Busatto.

El juez De la Torre archivó el 7 de octubre la denuncia instada por el ingeniero rafaelino José Alberto Aglietto, ante una carta enviada por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubeo, al presidente de la Cámara Penal en 2013, Roberto Prieu Mántaras, para que se anulara la intervención judicial que afectaba a la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe.

En su carácter de afiliado y ex directivo de la Caja, Aglietto presentó una denuncia el 22 de mayo de 2013, y el fiscal Nº 4, Juan Pablo López Rosas, formuló requerimiento de instrucción, que dio lugar al expediente Nº 387/2013. La carta en cuestión, fechada el 3 de abril de 2013, hacía referencia a otra resolución que ordenaba la intervención de la institución, en el marco de otra causa por “desobediencia”, en la que dos fracciones se disputaban la conducción y administración de la Caja.

“Me veo en la obligación de involucrarme en el conflicto suscitado, entendiendo que corresponde se haga lugar a la nulidad de la resolución de fecha 13 de febrero de 2013 que ordena la mencionada intervención”, dice un fragmento de la carta atribuida a Rubeo.

Sin embargo, para el magistrado actuante “los hechos denunciados no solamente no pueden ser subsumidos en el referido tipo penal, sino que no se verifica la presencia de ilícito alguno”, tal como lo argumentó el Dr. Leandro Corti, en representación de los diputados.

No obstante, “esta parte querellante rechaza de plano todos y cada uno de los términos y fundamentos expresados en los considerandos de la resolución en crisis” adelantaron Corazza y Aguilar en su rol de querellantes.

“Entiende esta parte que de las pruebas incorporadas hasta este momento existen bastantes motivos para sospechar de que Rubeo y Busatto han participado en la comisión del hecho ilícito, que fuera oportunamente denunciado”, insistieron.

Para los abogados de la querella, la intención de los diputados no fue otra que “influir sobre una resolución judicial que reportó un beneficio o ventaja a favor de terceros”, que (...) “ocupan el cargo de directores percibiendo una compensación económica en retribución de su tarea”.

Por último, señalaron que el juez De la Torre “ha efectuado un defectuoso, incompleto, deficiente y parcializado análisis de las pruebas incorporadas hasta este momento” por lo que consideraron el archivo “a todas luces como arbitrario”.