editorial

• El kirchnerismo, mucho más sensible e iracundo en otros casos, optó por soslayar las acusaciones contra el jefe del Ejército. Y con ello contribuyó a que saliera a la luz un trasfondo sórdido y alarmante.

Milani y el doble rasero oficialista

La situación procesal del jefe del Ejército, César Milani, referida a su desempeño durante la última dictadura militar, provocó en los últimos días una escalada de críticas que castiga duramente al gobierno nacional y pone sobre el tapete situaciones tan controvertidas como las vinculadas con los sistemas de inteligencia, a la vez que se erige en un caso emblemático del doble rasero con que el kirchnerismo mide el debate sobre las violaciones a los derechos humanos.

Los antecedentes de Milani saltaron al debate público en oportunidad de que el Congreso de la Nación tratara su ascenso. Allí se conoció la existencia de una presentación referida a la desaparición de un conscripto riojano en Tucumán, supuestamente encubierta por Milani a través del recurso -habitual en estos casos- de confeccionarle un sumario como desertor.

A la causa llevada adelante por la familia del soldado, se sumaron otras denuncias contra el jefe militar, las que fueron ignoradas por el kirchnerismo al promoverlo al rango de teniente general, y sin mella de su condición de cabeza del Ejército.

El empecinamiento oficialista por sostenerlo a pesar de las sospechas en su contra, y del costo político que le suponía, contradijo el temperamento habitual en una materia de la que el actual gobierno hizo una bandera de gestión: la cuestión de los derechos humanos. De la misma manera que en otros casos, se mostró extremadamente celoso y sensible -lo que corre para muchos colegas de Milani sobre los que recayeron acusaciones del mismo tenor, y también para otros vinculados de manera mucho más indirecta a episodios de ese tipo-, en esta oportunidad el kirchnerismo prefirió “hacer la vista gorda”.

Este comportamiento desató de inmediato la búsqueda de explicaciones y versiones al respecto, que sistemáticamente apuntaron a la condición de experto en cuestiones de inteligencia de Milani, y a los presuntos servicios que en la materia estaría proveyendo a la presidente de la Nación. Probablemente de manera no casual, la crisis producida en los últimos días en el organismo oficial de espionaje argentino habría hallado causas antecedentes en esta misma razón y, a la vez, podría estar alimentando la nueva andanada sobreviniente, dejando al descubierto información hasta ahora soslayada o prolijamente preservada.

La intervención de claros e indiscutibles referentes de los organismos de Derechos Humanos, como Nora Cortiñas y Graciela Fernández Meijide, por encima de las eventuales especulaciones políticas que podrían atribuirse a las críticas vertidas desde otros ámbitos, y la distancia con que se pronunció Estela de Carlotto socavaron el sustento de autoridad moral con que el gobierno acostumbra a revestir la imposición de criterios o conveniencias particulares.

La necesidad de que la Justicia actúe libre y responsablemente, al margen de presiones en uno u otro sentido, se vuelve palmaria a los efectos de arribar a la verdad y llevar alivio a los familiares de las víctimas. Pero más allá de eso, los comportamientos y el trasfondo exhibidos en el contexto de la convulsión producida son una muestra cabal del amañamiento de los parámetros y la carencia de escrúpulos de que se vale el sector gobernante para juzgar el pasado reciente y montar su estructura de poder.

La renovada discusión sobre el rol de Milani en la dictadura y en el actual gobierno, surge en el marco de la crisis del organismo que se ocupa de las tareas de espionaje.