editorial

• La designación a mansalva de fiscales alineados es parte de la estrategia del kirchnerismo para preservar a sus referentes aun después de concluido su ciclo.

Impunidad por copamiento

En las postrimerías de su ciclo de más de una docena de años y frente a las escasas probabilidades de prolongarlo, el kirchnerismo busca relativizar la retirada con un posicionamiento de piezas en lugares estratégicos y a gran escala.

Algunos de esos movimientos tienen que ver con maniobras estrictamente políticas, como el juego de apoyos y condicionamientos a los principales candidatos a la sucesión (léase Daniel Scioli). Otros atañen más concretamente a lo institucional, como la decisión de elegir a los miembros del Parlasur en forma directa y simultánea con los comicios presidenciales -con la presumible postulación de Cristina Kirchner como corolario y razón de ser de la movida- o el copamiento del Servicio de Relaciones Exteriores a través de La Cámpora, en desmedro de los cuadros altamente profesionalizados del cuerpo diplomático y a la manera de lo acontecido previamente con el Indec.

La más estridente de las últimas jugadas afecta de manera flagrante a la Justicia y tuvo lugar el último día hábil del año pasado, con el nombramiento a mansalva de 16 fiscales, en tiempo récord y en condición de subrogantes, al amparo de la creación de 17 cargos habilitada por un anexo del nuevo Código Procesal Penal; también aprobado “de apuro” y cuya fecha de vigencia efectiva sigue siendo una incógnita.

La difusión de la lista de nombres permitió corroborar rápidamente el ascendiente de los flamantes funcionarios judiciales, que tendrán a su cargo el impulso o el rechazo de las causas penales, entre ellas las vinculadas con hechos de corrupción. En todos los casos ostentan vínculos o simpatías con el oficialismo, cuando no están lisa y llanamente enrolados en la agrupación Justicia Legítima; que tiene como referente más notoria a la procuradora general Alejandra Gils Carbó y como propósito declarado la “democratización” del Poder Judicial en marcada sintonía con las preocupaciones y conveniencias del actual gobierno.

La decisión ejecutada por la propia Gils Carbó mereció una interpretación unívoca desde la oposición y agrupaciones de magistrados y profesionales del derecho en cuanto a su intencionalidad y acerca de lo solapado del mecanismo. Pero también, fuertes cuestionamientos sobre su constitucionalidad y los efectos que este sesgado reforzamiento del plantel de fiscales puede tener en el desarrollo de las causas, no sólo por la impronta que los nuevos funcionarios “alineados” puedan darle a su actuación en cada uno de los casos, sino por la perspectiva de que abran paso a una catarata de recusaciones. Esta situación, sumada a que numerosas voces autorizadas consideran ilícito el accionar de la procuradora, y por lo tanto revisable el producto del mismo, desata una perspectiva nefasta para la seguridad jurídica y el nivel de certeza con que se deben mover las instituciones judiciales, cuanto más en etapas tan delicadas y conflictivas.

Lejos de cualquier pretensión de al menos aparentar respeto por las instituciones y transparencia en los procedimientos, el kirchnerismo aprovecha el tiempo que le resta de poder para preservar a sus referentes y obstaculizar cualquier intento de avance sobre la impunidad. Los perjuicios excederán con mucho el límite constitucional del próximo 10 de diciembre.

La decisión de Gils Carbó mereció fuertes cuestionamientos políticos, pero también severas objeciones de constitucionalidad.