editorial

La funcionalidad del narcotráfico

• Para el gobierno nacional, la naturaleza de la violencia criminal y el alcance de la amenaza narco varían según la conveniencia del momento.

El desembarco de fuerzas federales en la provincia de Santa Fe mereció una lectura ambivalente. Por un lado, apareció como el recurso providencial -acaso desesperado- ante el desbordante avance de la violencia criminal vinculada con el narcotráfico. Por el otro, se lo vio como una suerte de “intervención”, atada a objetivos políticos y enmarcada en el discurso del oficialismo nacional acerca de la incapacidad del gobierno santafesino para abordar la problemática y la escasa confiabilidad de la institución policial que teóricamente debía controlar.

Conscientes de ambos factores, las autoridades santafesinas pusieron la necesidad y la urgencia por encima de otro tipo de especulaciones, y aceptaron aliviadas el auxilio ofrecido; materializado en Rosario y reclamado aunque jamás obtenido para la ciudad capital. Mientras tanto, se avanzó en el desarrollo de fuerzas de acción táctica e iniciativas de policía de proximidad, con resultados promisorios pero aún muy insuficientes.

El retiro de los 2.000 gendarmes apostados en la ciudad del sur -quedará una reserva de 600- involucró una curiosa voltereta discursiva de parte del kirchnerismo, además de desatar una nueva polémica. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, tan reconocido por su compromiso e intenso activismo como por su capacidad para confrontar, provocar y descalificar, enunció que “en Rosario el problema principal no es el narcotráfico sino la violencia del delito”. Lo cual por un lado exime de incumbencia directa a las fuerzas federales -por cuestiones de jurisdicción-, pero por el otro contradice el marco teórico utilizado por el gobierno nacional para sustentar su acción al respecto: la atribución del alto nivel de homicidios al narcotráfico (incluso con el auxilio de la lectura forzada de datos estadísticos), como consecuencia directa de la inacción del Estado santafesino frente a la corrupción policial y sus vínculos con las mafias de la droga.

Después de que las usinas de campaña kirchneristas acuñaran el malicioso pero pregnante término de “narcosocialismo”, Berni se corre del escenario modificando el diagnóstico, pero no sin antes disparar imputaciones de pasmosa liviandad contra el ex gobernador y actual precandidato presidencial Hermes Binner, y traer a colación -como elemento probatorio fehaciente- el todavía indefinido expediente Tognoli.

En la misma semana, los medios al servicio del gobierno nacional explotaban mediante la exageración el grosero error cometido por la provincia al nombrar al jefe de la URI, y titulaban “El socialismo nombra a un comisario nazi”. El mismo funcionario que fue investigado pero jamás excluido de la fuerza durante la gestión justicialista, y que ahora -aunque tardíamente- fue desplazado tras el reclamo de diversas organizaciones; todo lo contrario del temperamento adoptado por el kirchnerismo con el jefe del Ejército, sobre el que pesan acusaciones abismalmente más graves y causas judiciales plenamente activas.

En un año electoral, sería ingenuo pensar que la campaña proselitista no se hará sentir en todos y cada uno de los ámbitos de la actividad pública. Pero si eso condiciona las políticas y medidas en áreas tan sensibles como la seguridad, donde está en juego la vida de las personas, el riesgo es que -por acción amañada o intencionada omisión- asuma ribetes de irresponsabilidad supina y, con ello, de criminalidad.

El retiro de 2.000 gendarmes de Rosario involucró una curiosa voltereta discursiva del kirchnerismo, además de desatar una nueva e inconducente polémica.