Otro cortocircuito con la Legislatura

Economía social y solidaria: el Ejecutivo vetó gran parte de la ley de promoción

• La norma fue sancionada por el Senado a fines del último año parlamentario tras un extenso y participativo debate en Diputados. La mitad del articulado fue objetado.

Mario Cáffaro

mcaffaro@ellitoral.com

El Poder Ejecutivo vetó 12 de los 23 artículos de la ley de promoción y fomento de la economía social y solidaria, especialmente todo lo referido a la creación de un instituto para el sector que se lo previó como ente autárquico y para lo cual se propuso que sea dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Además, el decreto eliminó la formación de un consejo y propuso textos alternativos para varios de los artículos observados.

El Senado había sancionado sobre fines del año parlamentario 2014 la ley al aceptar el proyecto surgido de la Cámara de Diputados que fusionó iniciativas del oficialismo y de la oposición tras un extenso debate con organizaciones ligadas a la economía social y solidaria. La jornada fue una de las más concurridas que recuerde el hall de la Legislatura y hubo ponencias de diputados, senadores e integrantes del sector, y paneles con presencia de dirigentes de gran parte de la provincia, del Poder Ejecutivo y de universidades nacionales.

La ley sancionada definía a la economía social y solidaria como un sistema en el que prevalecen el trabajo, la solidaridad y el ser humano por sobre el dinero y el fin de lucro. El objetivo central es que los trabajadores del sistema puedan ser reconocidos como tales y apuntaba a que el instituto provincial a crearse fuese el encargado de la aplicación de las políticas de fomento y promoción de la economía social y solidaria, con participación de los emprendedores y sus organizaciones. También le asignó un presupuesto cuyo destino será definido en forma participativa por el Estado y las organizaciones. Incluyó capacitación, asistencia técnica, subsidios, nuevos canales de comercialización de los productos y también que el Estado priorice la compra a proveedores de la economía social y solidaria.

La discusión se inició con un encuentro en Rosario a mediados de 2011 y siguió con mesas regionales cada 45 días para empezar a dar forma al proyecto de ley que tenía como ejes el financiamiento al sector y el instituto para articular el diálogo entre los actores de ese sector económico y el gobierno provincial, definir políticas de fomento y promoción.

La ley obliga al Estado a priorizar compras y contrataciones de bienes y servicios para productos elaborados dentro del circuito de la economía social y solidaria así como exenciones impositivas en Ingresos Brutos y Sellos a los inscriptos en un registro, etc.

Las razones del veto

En los considerandos del veto, el Ejecutivo recuerda que las entidades de la economía social están regidas por las leyes nacionales 20.321 y 20.337, de mutuales y cooperativas, respectivamente; poseen en la provincia un régimen propio de fomento y fiscalización atribuido por Ley Provincial Nº 12.817 al Ministerio de la Producción. También que el órgano de aplicación de ambas normas es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). En la provincia, el decreto 471 de 2010 dejó en manos del Ministerio de la Producción la fiscalización y fomento de mutuales y cooperativas; el Decreto Nº 2.689/2012 estableció mecanismos institucionales de participación creando el Consejo de Asociativismo y Economía Social; y el decreto Nº 2.690/2012 estableció el sistema de sellos cooperativos.

Ante estos antecedentes, el Poder Ejecutivo consideró que “no resulta necesaria la creación de un organismo descentralizado” como propuso la ley con el Instituto de Economía Social y Solidaria como ente autárquico en el Ministerio de Desarrollo Social. En cambio, fortalece la redacción para el efectivo funcionamiento de las mesas de diálogo regionales y dispone que el instituto funcione dependiendo de esta cartera.

La nueva redacción apunta, por otra parte, a garantizar el financiamiento de la economía social y solidaria a través del presupuesto de la Administración Provincial, mediante la generación de una categoría programática propia dentro del Ministerio de Desarrollo Social, excluyendo los fondos provenientes de la Ley 23.427 para financiar la educación y promoción cooperativa que son de competencia del Ministerio de la Producción. En cuanto a la exención impositiva, la determinará el propio Poder Ejecutivo de acuerdo a la capacidad contributiva de los sujetos alcanzados por la norma.

La parte de ley de creación de un Consejo Provincial de la Economía Social y Solidaria fue vetada totalmente.

El dato

Críticas

“Otra vez tenemos que discutir que se use la figura de la enmienda para re-redactar una norma, más aún sobre un tema que se trató con el área correspondiente del Poder Ejecutivo, con el oficialismo y con las organizaciones del sector”, señaló Eduardo Toniolli, diputado del Movimiento Evita, autor de uno de los proyectos de ley sobre el tema.

El legislador anticipó que discutirá el contenido del veto con las organizaciones e hizo notar que fue observado el presupuesto que le asignó la Legislatura al sector.