Arroyo Salgado pidió por la OEA

Presión de poderes y medios

La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman, pidió a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, “llevar el caso” por la muerte del fiscal “ante la Comisión de Derechos Humanos” de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que ese foro regional designe “un veedor”, al tiempo que reclamó al gobierno y la oposición “no seguir politizando” la investigación judicial.

En una audiencia pública convocada por la oposición, Arroyo Salgado pidió “un trato, prudente, ético y responsable a todos los miembros de las instituciones del Estado, de los distintos poderes, porque de algún modo todos estamos cumpliendo una función pública y debemos fortalecer las instituciones”.

Confirmó que hizo una presentación ante la fiscal Viviana Fein “solicitando por favor que en lo sucesivo la actuación, tanto de la fiscal como de la jueza, se ajuste en un todo a los postulados constitucionales y legales que impone el Código de Procedimiento Penal de la Nación en la instrucción de un sumario en el que se investiga un hecho criminal”.

“No soy oficialista, no soy opositora y en esta coyuntura que estamos viviendo este año no tengo definición política”, aclaró la jueza. Flanqueada por los presidentes del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales, y el titular de la bancada del Frente Renovador, Darío Giustozzi, y ante gran parte de la oposición, Arroyo Salgado pidió “no seguir politizando” un hecho en el que faltan despejar muchas cosas.

“En nada contribuyen, muy por el contrario, presionan e interfieren en el trabajo que todos los jueces y fiscales debemos hacer por la verdad y la justicia todos los juicios de valor, de aprobación o desaprobación, del lado que provenga, ya sea de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional como del Poder Legislativo”, agregó.

Respecto de la presentación que hizo en la fiscalía, indicó que “la desmedida e inusitada exposición mediática que están teniendo todas y cada una de las pruebas ha ido desviando la investigación”.

“No ayuda esta sobrexposición mediática, por el contrario facilita la impunidad de quienes pueden ser los responsables de este hecho”, subrayó. Apuntó que “el tratamiento ético de los medios de comunicación social, que gravitan en forma muy importante, condiciona la actuación de algunos funcionarios”.