A través del Ministerio Público de la Acusación

Firman convenios entre la Justicia y comunas para mejorar la seguridad

Manuel Mudry

[email protected]

Días pasados el Ministerio Público de la Acusación firmó convenios con las localidades de Tartagal, Golondrina, Fortín Olmos, Cañada Ombú, Garabato e Intiyaco, que consisten en la mutua obligación de cooperar en la persecución del delito, en brindar capacitaciones sobre el funcionamiento del nuevo sistema, como así también en acordar que los “probados” puedan prestar tareas comunitarias, las cuales beneficien a toda la comunidad, y a su vez sirvan a los efectos de reinsertar socialmente al infractor penal.

En la oportunidad el fiscal regional, Dr. Eladio García, se refirió a la importancia del acto señalando que mucho se ha hablado de la modificación del sistema penal, así como de la creación del Ministerio Público Fiscal, pero esa modificación sin el trabajo coordinado con las demás instituciones, poco o ningún resultado pueden brindar en el mediano o largo plazo.

“Cuando hablamos de suspensión del juicio a prueba, nos estamos refiriendo a una alternativa prevista en el Código Penal para evitar condenas de prisión cuando la gravedad del hecho, la culpabilidad del autor y el grado de afectación del bien jurídico protegido permitan entender que el hecho puede ser reparado sin la aplicación de una sanción penal”, sostuvo.

García agregó que con este instrumento se le fija al imputado el cumplimiento de determinadas tareas o reglas de conducta (en la mayoría de los casos tareas comunitarias) “y si éstas son cumplidas, se deja sin efecto el juicio, es decir, se extingue la acción penal”.

Al respecto, el artículo 76 bis del Código Penal establece que “el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba”.

En este sentido, el fiscal regional señaló que también sirve a los efectos de una política de persecución penal eficaz, “en virtud de que al encontrar este tipo de delitos una respuesta temprana, logra descongestionar el sistema penal, permitiendo en consecuencia que nos podamos ocupar del delito organizado y de las graves infracciones a la ley penal”.

Además agregó: “Prueba de que estamos trabajando contra el delito organizado son los resultados de los 17 allanamientos simultáneos y la labor de investigación de casi 8 meses que logró desbaratar una asociación ilícita tan solo unos días atrás”, recordó.

Por otra parte, reconoció que el desafió es grande, puesto que en la actualidad hay más de 6.500 legajos ingresados en la Fiscalía Regional, los cuales deben ser atendidos por una estructura que aún no cuenta con la totalidad de los fiscales y personal que fueron contemplados por ley para la atención de la problemática del delito.

“El nuevo sistema se encuentra en marcha, con los actores prestando funciones al máximo de sus capacidades en pos del cambio que necesita de otras agencias estatales que trabajen conjunta y coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación”, indicó.

En ese marco es que se han celebrado convenios con los municipios, mantenido reuniones y capacitaciones con el personal policial, centros de asistencia judicial, Defensoría del Pueblo y Subsecretaría de la Niñez.