por no defender a policías

Cuestionan decisión de Ganón

La Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo que nuclea a trabajadores del Ministerio de Seguridad aprobó un proyecto de declaración manifestando preocupación por la reciente resolución emitida por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), donde exceptúa al personal policial del derecho a la defensa.

En la misma explicitaron: “Este intento de vincular las acciones penales de violencia institucional con la imposibilidad de defender a los policías bajo la excusa de falta de recursos, esconde la pretensión de instaurar una suerte de objeción de conciencia que no es tolerada en la defensa pública”, y añadieron: “La postura del SPPDP encierra (también) una actitud discriminatoria cargada de prejuicios contra funcionarios de seguridad, quienes según esa postura no gozarían de la presunción o estado de inocencia”.

“En un contexto en el que se están produciendo claros avances en el reconocimiento de derechos del personal policial (Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, Ascensos por Concursos, mejora salarial, etc.), esta actitud del defensor provincial resulta contraria a todo ello, por considerar al personal policial como una suerte de ciudadanos ‘de segunda’”, afirmaron.

En el mismo documento, la comisión también “insta a los poderes del Estado y a las instancias supranacionales que correspondan, a tomar inmediatas acciones en salvaguarda del derecho de toda persona a la inviolabilidad de la defensa en juicio y a la protección estatal frente a toda forma de discriminación”; y menciona puntualmente que una copia del documento será remitida a los ministros de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, al gobernador de la provincia, al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), al fiscal General de Santa Fe, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Fundamentos

Desde la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo explicaron los motivos de la preocupación ante esta situación insólita e incomprensible.

“La Ley Nº 13.014, del Servicio Público de Defensa Penal, garantiza la defensa penal en forma universal afirmaron-. Para ello se fijan o establecen prioridades en cuanto a la defensa de sectores vulnerables, pero eso bajo ningún concepto excluye la defensa de otros sectores”.

“Por otra parte, la Defensa Pública tiene facultades de monitoreo respecto de todas las defensas técnicas penales, sin distinción entre públicas y privadas. Esto quiere decir que de ninguna manera el SPPDP puede desentenderse de la defensa de un grupo de personas penalmente perseguidas, porque aún cuando no tome el caso tendría facultades de contralor”, explicaron.

Los integrantes de la mesa dejaron en claro que “aún en el supuesto caso de que el defensor provincial quisiera tercerizar o transferir la defensa del personal policial, esto debió haberse previsto mediante un convenio de cooperación y nunca de manera unilateral. Y aún en este caso el acusado conservaría el derecho a ser asistido por un integrante de la Defensa Pública”.