Sólo la espalda el 13% de la población

Pedidos de destitución y crisis de mando acorralan a Rousseff

Agencia DPA

Los pedidos cada vez más recurrentes de apertura de un juicio político contra Dilma Rousseff, el aislamiento al que la somete un Congreso hostil y las dificultades para agilizar soluciones a la crisis económica, mantienen acorralada a la mandataria brasileña, a la que sólo respalda el 13% de la población. Más allá de que por el momento no existen fundamentos jurídicos para iniciar un juicio político que pueda derivar en su destitución, la sombra del “impeachment” se instaló en la agenda política brasileña en un proceso que debilita a un gobierno con niveles de rechazo que rondan el 64 por ciento.

La última voz que se hizo escuchar a favor de la destitución, apoyada por el 63% de la población, fue la del diputado Bruno Araújo, líder en la Cámara Baja del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal opositor del gobierno. “Llegamos al límite de una insatisfacción clara y significativa que debe ser construida de forma legítima y dentro de las reglas constitucionales en la forma de un pedido de destitución de la presidenta Dilma”, dijo el legislador.

Araújo entiende que existen “elementos políticos” para promover la acción, entre otros la sospecha de que las campañas políticas de Rousseff recibieron recursos desviados de la petrolera estatal Petrobras, envuelta en un multimillonario escándalo de corrupción.

El PSDB no ha defendido la idea en forma explícita. Sin embargo, el diario “Folha de Sao Paulo” asegura que el partido encargó a un jurista la elaboración de una acción penal en tal sentido.

Si la acción prospera en el Congreso, y el Senado juzga a Rousseff por delito de responsabilidad, la presidenta podría llegar a ser destituida.

Otro partidos también han solicitado la destitución, apoyándose principalmente en las denuncias de Petrobras que involucran a decenas de políticos oficialistas, pero todos los pedidos fueron rechazados.

En este marco, los analistas coinciden en que la presidenta se ha convertido en “rehén” del Congreso, de cuyo aval depende la rápida y plena puesta en marcha del ajuste fiscal imprescindible para que el país retome el crecimiento y se frene la inflación.

Además de los sinsabores que le suministra el Congreso, Rousseff esta “maniatada” por la necesidad de “decir amén” a su ministro de Hacienda, Joaquim Levy, un economista ortodoxo que hoy representa la carta de credibilidad de Brasil ante inversores.

“Desde que inició su segundo mandato, Dilma Está aislada. Sin poder dialogar con los actores económicos y políticos, se volvió rehén de Levy -miembro de una escuela liberal tan atacada por la presidenta durante su campaña- y de su principal aliado en el Congreso, el PMDB”, sostuvo en un editorial del “O Estado de Sao Paulo”. Para aceitar las relaciones entre Ejecutivo y Parlamento, Rousseff designó a su vice Michel Temer, también del PMDB, como su articulador político. La acción hizo estallar críticas que sostienen que Brasil está siendo gobernado por el PMDB.

Acorralada, la presidenta ve esfumarse su capacidad de gobernar. Según la analista de “Folha”, Vera Magalhaes, “el mayor temor es que Dilma abdique de la Presidencia sin que la oposición, ni las protestas o el PMDB precisen desencadenar la destitución”.