editorial

• El porcentaje de argentinos que viven de empleos informales se asemeja al de finales de los noventa.

Problemas del mercado laboral

La disputa entre el gobierno y los sectores sindicales por el Impuesto a las Ganancias, puso nuevamente en debate cuál es la verdadera situación del empleo en la Argentina.

Según el discurso oficial, durante la última década se produjo una masiva creación de puestos de trabajo -a partir de la reactivación de la economía- lo que permite en estos momentos hablar de una tasa de desempleo que oscilaría en el 7 por ciento.

Sin embargo, vale la pena analizar la realidad del mundo laboral con mayor detenimiento.

Un informe recientemente dado a conocer por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), plantea que sólo uno de cada cinco argentinos en edad activa tiene un “empleo de calidad” en el país. Además, según datos oficiales del Indec, el 31 por ciento de los argentinos en condiciones de trabajar se encuentra inactivo. Es decir, no trabajan, no buscan trabajo y no tienen posibilidades reales de conseguirlo en el corto plazo.

Aun en el caso de que fueran ciertas las estadísticas oficiales que hablan del 6,9% de desempleo -hace rato que los datos del Indec dejaron de ser confiables-, vale la pena analizar con detenimiento dichos guarismos.

Un estudio de la Asociación de Personal de Organismos de Control (Apoc), realizado sobre las cifras oficiales de empleo, indica que según el Indec, en el último año, 460.000 personas dejaron de buscar trabajo en la Argentina. La población económicamente activa (PEA) en 2013 fue de 19,1 millones de personas, mientras que en 2014 la cantidad de ocupados o que buscaron empleo cayó a 18,6 millones de habitantes.

Esto significa que bajó el universo sobre el que se mide el desempleo en la Argentina. Al haber menos personas en condiciones de trabajar, se reduce también la tasa de desempleo, ya que ésta se mide sobre quienes están incluidos en la franja de población económicamente activa.

Existen diversas razones por las que se reduce el número de personas que buscan trabajo en el país. Una de ellas radica en la proliferación de planes sociales y subsidios que hicieron que muchos dejaran de interesarse en encontrar un puesto laboral.

Sólo a modo de ejemplo, el diario El Liberal de Santiago del Estero acaba de publicar un informe que revela que uno de cada dos habitantes de esa provincia recibe algún beneficio por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Dichos beneficios se dividen en jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares que abona a los asalariados estatales y privados, los nuevos beneficiarios del plan Progresar y quienes reciben el Plan Hogar -para la compra de garrafas-.

Seguramente, estas ayudas resultan imprescindibles para la mayor parte de los beneficiarios. Lo preocupante, en todo caso, es que sean necesarias para una proporción tan importante de la población de dicha provincia.

Pero eso no es todo. La creación de nuevos puestos de trabajo producida durante la última década, no parece haber tenido demasiado impacto en cuanto a la reducción del empleo informal. Durante la segunda mitad de los noventa -época caracterizada por la destrucción de puestos de trabajo-, el 40% de los trabajadores realizaba sus actividades “en negro”. Actualmente, se calcula que el trabajo informal supera el 35% y que, estos empleados, cobran sueldos que apenas llegan al 60% de lo que perciben quienes sí están registrados.

Al haber menos personas en condiciones de trabajar se reduce también la tasa de desempleo.