Tras el asesinato de Luis Medina en Rosario

Para el PJ, funcionarios peritaron la computadora sin autorización judicial

• La conclusión surgió del informe presentado ayer en la sesión de Diputados. Cuestionaron la falta de apoyo del Ejecutivo a la comisión investigadora. El oficialismo defiende la legalidad del procedimiento.

Mario Cáffaro

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“Sería prudente que el gobierno pueda responder por qué actuó con la premura y desesperación que quedaron evidenciadas para conocer el contenido de la computadora. Con los resultados periciales en la mano ya no quedan dudas de que no sólo se hizo un back up, sino que se accedió a las casillas de correo, se copiaron claves para ingresar desde una máquina externa, se crearon archivos y no se puede dar fe si se borró o no algún archivo”. Sereno, sin el habitual histrionismo que lo caracteriza, el diputado Héctor Acuña (Proyecto Santafesino), concluía de esa manera el informe in voce de lo actuado por la comisión investigadora formada en la Cámara Baja para dilucidar la actuación de funcionarios, policías y jueces tras el asesinato del empresario Luis Medina en la madrugada del 29 de diciembre de 2013 en la avenida de Circunvalación de Rosario. Además de Medina fue ultimada su pareja, Justina Pérez Castelli. El foco del informe apuntó a determinar la responsabilidad de Javier Echaniz y Martín Degratis, dos funcionarios en ese entonces del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, en la pericia sobre la computadora de la víctima. “No hay una sola línea, una sola cita, un solo testimonio que demuestre que hubo una orden judicial que permitió acceder a la computadora”, corroboró Eduardo Toniolli (Movimiento Evita).

Un año atrás, la Cámara de Diputados votó la constitución de la comisión investigadora que el Frente Progresista no apoyó ni integró. Ayer, al presentarse el informe final, el oficialismo a instancias de la socialista Inés Bertero solicitó insertar en la versión taquigráfica la postura del bloque. “El manto de sospecha que con evidente intencionalidad política se puso sobre el accionar de los funcionarios del Poder Ejecutivo que prestaron colaboración a la sección Pericias Informáticas de la policía, carece de sustento legal y no era ilegítima, ni inválida, ni tampoco inusual”, dice el escrito al que accedió El Litoral. Informa allí también que el sector no aceptó formar la comisión investigadora “ya que la mayoría de los puntos cuyo esclarecimiento se le encomendaban estaban siendo investigados por el Poder Judicial”.

Contrapuntos

Acuña se encargó de mostrar que “no coinciden los horarios declarados sobre el trabajo en la computadora con lo que arrojan las pericias (realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria) y lo que es claro y notorio, los ministros citados a la Cámara de Diputados y el propio gobernador faltaron a la verdad. Los testimonios, la documentación obrante en el expediente y la enunciación de hechos a esta comisión dan cuanta de que efectivamente fue así”. Agregó que “nunca hubo ni solicitud de colaboración, ni autorización, ni convalidación de la Justicia para actuar del modo en que lo hicieron los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y en consecuencia, cuando no se actúa de acuerdo a las normas, el procedimiento no sólo es irregular, sino que es ilegal”.

La computadora de Medina fue secuestrada por la policía en el hotel Pullman de Rosario y el principal punto de controversia es la actuación de Echaniz y Degratis sobre la máquina. El Frente Progresista afirma que “el procedimiento no fue invalidado” por la Justicia mientras el informe del justicialista subraya que ningún juez solicitó ni avaló el ingreso a la máquina.

Para Acuña, tras el asesinato y la actuación policial “sucede una serie de hechos que finalizan con uno de los atropellos más graves que haya vivido la historia democrática de la provincia de Santa Fe. Funcionarios del gobierno manipularon la computadora del supuesto narco asesinado sin orden judicial. Y para aseverar esta afirmación, sólo basta con remitirse a un acta policial suscripta por el subcomisario Nicolás Martín Llanes, jefe de la sección Pericias Informáticas, dependientes de la División Criminalística de la Unidad Regional II. La misma fue firmada, entre otros, por Martín Degratis y Javier Echaniz (funcionarios que responden orgánicamente al Ministerio de Gobierno) y donde aparecen mencionados los nombres del comisario inspector, Guillermo Morgans; el comisario principal, Javier Leiva; la fiscal de Cámara, Dra. Irribarren, y el secretario del Juzgado interviniente”.

En cambio, el Frente Progresista resalta que el fiscal de la causa solicitó el archivo de la denuncia contra los funcionarios por considerar que la acción “se había desarrollado dentro los marcos estrictamente legales”.

La presentación, tanto de Acuña como de Toniolli, se encargó de destacar la total falta de apoyo del Poder Ejecutivo a la tarea de la comisión. El primero recordó que ante los propios diputados, el ministro de Gobierno, Rubén Galassi dijo que “nuestros funcionarios no tienen ningún inconveniente en ir a declarar lo que sea necesario, a donde sea”. “ No obstante, cuando fueron requeridos por esta Comisión, fue el propio ministerio de Galassi el que por las notas 6718/2014 y 6720/2014 denegó la presencia de ambos”, recordó Acuña.