Apelaron la falta de mérito

Casa de la Joven: escuchas telefónicas dan fuerza a las sospechas del fiscal

“Creemos de vital trascendencia la valoración de prueba documental omitida”, sostuvo el fiscal federal Walter Rodríguez, en el escrito presentado ayer ante el juez de la causa.

Juliano Salierno

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“La idea es convencerlas a las pibas de que no hablen, porque esto va a traer cola porque las pibas van a tener que declarar quieras o no; que no van a poder tapar el sol con un dedo ahora”, dice una de las preceptoras de la Casa de la Joven, en una comunicación telefónica entablada con otra mujer cercana a la institución. La llamada corresponde a los días previos al allanamiento en el que la Justicia ordenó detener a la directora y al habilitado administrativo por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

El fragmento de la escucha telefónica fue incorporado por el fiscal Federal Nº 2, Walter Rodríguez, en el escrito de apelación de la falta de mérito, concedida el pasado martes a los dos imputados que estaban privados de la libertad desde el 10 de mayo.

El pedido de revocatoria que lleva la firma del fiscal de Santa Fe y de su par Marcelo Colombo, a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Nación (Protex), ingresó ayer al mediodía al Juzgado Federal Nº 1 del Dr. Reinaldo Rodríguez.

El descargo

Bajo los tópicos de “arbitrariedad”, “evidencias no valoradas” y “apreciación fragmentada de otros elementos probatorios”, el Ministerio Público Fiscal articuló su descargo para que llegado el caso, sea analizado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

“La falta de mérito reposa ambigua y desacertadamente en cuestiones que hacen a la supuesta no acreditación de la materialidad de los hechos, como a la falta de intervención que tuvieron los imputados en los sucesos”, lanzaron los fiscales que desde un tiempo a esta parte investigan el accionar de una funcionaria de carrera y un empleado administrativo, ligado a gravísimos delitos contra la integridad de las menores de edad que residen en la institución de la provincia.

Los fiscales cuestionaron que la resolución está basada en “prueba seleccionada en desmedro de otra” y rechazaron la aplicación del principio de la duda -in dubio pro reo- para esta etapa de la investigación.

“Prueba omitida”

Por otra parte, reclamaron la “ausencia de la opinión autorizada de los profesionales intervinientes en las declaraciones” de las menores en Cámara Gesell; así como las de Elisa Alarcón y Mariana Schvartz de la Fundación María de los Ángeles, que fueron las que se entrevistaron con la víctima que dio inicio a la causa.

“Un análisis literal -y exclusivamente desde la disciplina del Derecho- parecería ser insuficiente para abordar la problemática a la que estamos haciendo alusión”, criticaron.

“Creemos de vital trascendencia la valoración de prueba documental omitida”, agrega el MPF. Y enumeraron entre otra, la denuncia por abuso sexual de una de las menores, ocurrido el 7 de mayo, y cuya atención se realizó en el hospital Iturraspe.

En síntesis, “los testimonios elegidos en la resolución han sido evidentemente parcializados en su análisis, por cuanto el magistrado fragmentó las nueve declaraciones recibidas obviando otras que claramente incriminaban a los imputados y permitirían una solución judicial distinta a la adoptada”.

Las escuchas

A propósito de las intervenciones telefónicas realizadas por Gendarmería Nacional, éstas resultan sintomáticas en cuanto que algo no iba bien puertas adentro de la Casa. Mientras que una de las adolescentes denunció haber sido “levantada” en la puerta del colegio por un hombre que la obligó a desnudarse y la amenazó con un arma blanca diciéndole que “lo habían mandado”, coincidentemente existe un registro telefónico del 30 de abril en el que una de las preceptoras se comunicó con el 911 para denunciar que intentaron secuestrar a una de las chicas cuando salía del colegio, a quien identificó como “Mili”.

Luego se producen otras comunicaciones donde la misma preceptora y otras personas de la institución confirman a terceros vía telefónica que efectivamente la chica fue secuestrada y que no era la primera vez que sucedía un hecho de estas características.

Por último, existe un audio en el que dos empleadas de la Casa hablan de licencias y una le dice a la otra que “el otro (podría interpretarse que hablan de Cristian) se está quedando (en el hogar) porque no quiere que escriban, no quiere que llamen más al 911; que la idea es convencerlas a las pibas de que no hablen, porque esto va a traer cola porque las pibas van a tener que declarar quieras o no; que no van a poder tapar el sol con un dedo ahora”.

 

La investigación

La investigación por el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación sexual se inició en agosto pasado, con una denuncia anónima ante la Fundación María de los Ángeles, que contactó a la víctima RSR, y tras entrevistarla puso en conocimiento del hecho a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Nación.

El domingo 10 de mayo, el juez Federal Reinaldo Rodríguez ordenó cuatro allanamientos a pedido del fiscal Walter Rodríguez, que derivó en la detención de la directora y un empleado administrativo de la Casa de la Joven.

En sus indagatorias, ambos imputados negaron rotundamente las acusaciones y su defensa, a cargo de la abogada Lucila Puyol, ofreció una batería de medidas a los fines de acreditar su inocencia, la mayoría de las cuales aún no se han producido.

En cambio, la Justicia escuchó en Cámara Gesell a una decena de menores de edad que en algún momento estuvieron en la Casa de la Joven, las cuales en su mayoría negaron haber sido obligadas a ejercer la prostitución e incluso que se lo hubieran insinuado; en contradicción con lo que dijeron otras dos menores que sí ratificaron el ofrecimiento por parte de la directora.

Con las pruebas reunidas hasta el momento, el juez federal Reinaldo Rodríguez resolvió otorgarles la inmediata libertad por falta de mérito, que ahora es objeto de cuestionamiento por el Ministerio Público Fiscal.

El dato

Abuso sexual.

• El fiscal Rodríguez se expresó de manera contraria en cuanto a la declaración de incompetencia de la Justicia Federal por el delito de abuso sexual atribuido al administrativo, dado que en esta instancia de la investigación resulta prematuro desvincularlo de un probable caso de trata y explotación. Además, reiteró que fueron dos las menores que aparecen como víctimas de dicho accionar delictivo.