Por Néstor Vittori

La tasa por hectárea, que cobran las comunas, se visibilizó en estos últimos días por la denuncia del ministro de la Producción, Carlos Fascendini, respecto de deudas que registraba el candidato a gobernador, Miguel Torres del Sel, por sus campos en Cacique Ariacaiquín y La Brava.

En realidad, esta mal denominada tasa se aplica al mantenimiento de caminos rurales que, por tal motivo, pagan los productores. Y que por consiguiente, debería corresponderse con el efectivo mantenimiento de caminos que sirven a los distintos predios productivos.

Desde su creación, esta tasa ha tenido un sinnúmero de cuestionamientos, porque en una gran cantidad de casos los presidentes comunales la cobran, pero no prestan el servicio, usando la plata para pagar sueldos de naturaleza clintelística.

Esta situación de conflicto ha tenido diferentes expresiones a lo largo de los años, con juicios y negociaciones que han derivado en algunas situaciones extremas, como la intervención del consorcio caminero de Calchaquí, con la apropiación de sus fondos y máquinas, por parte del intendente de la ciudad, que luego tuvo que devolverlos por mandato judicial. En el otro extremo, puede mencionarse el oportuno e inteligente arreglo producido en seis comunas del departamento Las Colonias, encabezado por la ex intendente de San Carlos, Sra. de Venzo, que determinó la creación de una cuenta separada para los fondos aportados por los productores, con control sobre el destino de su utilización. Lamentablemente, esta operatoria posteriormente fue abandonada.

De cualquier manera, esta cuestión ha sido y sigue siendo objeto de controversia, sobre todo a partir de la decisión del ex gobernador Jorge Obeid de no modificar el Impuesto Inmobiliario Rural, que se coparticipa en un 50 por ciento con las comunas, y que fue el detonante de la decisión de los intendentes y presidentes comunales, de cubrir sus baches financieros con el incremento de la tasa por hectárea.

De la mano de esta decisión política se produjo, en general, un fuerte aumento de las tasas de mantenimiento de los caminos rurales, lo que motivó fricciones y reclamos gremiales de los productores y sus entidades representativas, detonados por la falta de correspondencia entre los importes de la tasa y los servicios prestados.

Así fue como en no pocos casos se registraron acuerdos solidarios para el no pago de esas tasas consideradas excesivas, y que por añadidura, al estar medidas en litros de gasóleo por hectárea, generaban una constante indexación que estaba prohibida por ley.

Escribo esta nota, porque como dirigente gremial agropecuario tuve la oportunidad de transitar todos los ciclos de esta gabela, que no es tasa retributiva de servicio, sino un nuevo impuesto que se superpone con el inmobiliario rural, y que durante el actual gobierno provincial ha sido substancialmente aumentado, de modo que las intendencias y comunas han recibido la parte correspondiente a su 50 por ciento sin retocar hacia abajo la tasa por hectárea.

Estoy seguro de que la gran mayoría de los productores agropecuarios de nuestra provincia realiza frente a este injusto tratamiento medidas de resistencia fiscal que en algunos casos es explícita y, en otros muchos, implícita. Quiero recordar que Carlos Fascendini, siendo intendente de Esperanza, en muchas ocasiones se reunió con nosotros para conversar sobre este tema. Y siempre exhibió una actitud razonable respecto de los excesos que se producían en muchas comunas de la provincia, guardando una posición moderada como autoridad de la ciudad en la que comenzó la primera revolución agrícola de la Argentina.

Esta gabela no es tasa retributiva de servicio, sino un nuevo impuesto que se superpone con el inmobiliario rural.

La gran mayoría de los productores agropecuarios realiza frente a este impuesto medidas de resistencia fiscal.