Rousseff frente a un escenario complejo

Brasil aumenta el recorte del gasto público

El gobierno anunció la reducción de la meta de superávit fiscal primario que se había impuesto para este año y se comprometió con una nueva reducción de los gastos para intentar sanear las cuentas públicas.

EFE

El Gobierno, que a comienzo del año se había propuesto terminar 2015 con un saldo positivo en las cuentas públicas de 66.300 millones de reales (unos 20.526,3 millones de dólares), admitió hoy que ese ahorro tan solo llegará a 8.747 millones de reales (unos 2.708 millones de dólares).

En contrapartida, el Ministerio de Hacienda determinó un recorte adicional de los gastos públicos este año de 8.600 millones de reales (unos 2.662,5 millones de dólares).

El recorte adicional eleva a hasta 79.400 millones de reales (unos 24.582 millones de dólares) la reducción de los gastos públicos del presupuesto de 2015 anunciados hasta ahora por el Gobierno para demostrar su compromiso con la disciplina fiscal.

“No estamos abandonando la meta ni diciendo que tenemos todo resuelto y que podemos gastar. Pese a que reducimos la meta al mismo tiempo, asumimos el compromiso de garantizar la disciplina fiscal”, dijo el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, en la rueda de prensa en la que hizo los anuncios.

Levy explicó que el Gobierno tuvo que revisar su meta de superávit fiscal primario (que es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos sin tener en cuenta lo destinado al pago de intereses de deuda) a la luz del nuevo escenario económico brasileño este año, para cuando se prevé una fuerte contracción económica.

“Revisamos las cuentas y descubrimos que los ingresos líquidos del Gobierno este año serán en 46.700 millones de reales (unos 14.458,2 millones de dólares) inferiores a los que teníamos previsto, porque el crecimiento de la economía está muy abajo de lo proyectado”, dijo el ministro de Planificación, Nelson Barbosa.

El funcionario explicó que los gastos públicos también fueron revisados y se concluyó que serán en 11.400 millones de reales (unos 3.529,4 millones de dólares) superiores a los inicialmente proyectados.

Según Barbosa, ese saldo negativo adicional en las cuentas públicas, de cerca de 58.000 millones de reales (unos 17.956,6 millones de dólares), será compensado con el recorte adicional de gastos y con la reducción en la meta de superávit fiscal.

Tanto Levy como Barbosa insistieron en aclarar que la decisión del Gobierno de comprometerse con un menor ahorro en las cuentas públicas no significa una renuncia a la disciplina fiscal, y advirtieron que el recorte de gastos adicional demuestra que la Administración está comprometida con sanear las finanzas.

“Estos anuncios representan inicialmente una frustración en los ingresos. Tendremos ingresos muy inferiores a los que esperábamos por la propia situación económica del país. Pero no estamos ampliando los gastos sino reduciéndolos para poder alcanzar la nueva meta propuesta”, afirmó Barbosa.

Mayores controles

El Gobierno, destacó Levy, “hará una reducción adicional de gastos, lo que es una decisión bastante significativa y demuestra nuestro compromiso con la disciplina fiscal. Nuestro objetivo es reducir la incertidumbre de la economía con una meta que consideramos alcanzable y segura”.

Ambos ministros dijeron esperar que el Congreso, que tendrá que aprobar la nueva meta y los recortes, entienda que el ajuste es necesario para impulsar la economía brasileña, que el año pasado tan solo creció un 0,1 % y que este año, según las recientes proyecciones de los economistas, puede sufrir una contracción del 1,7 %.

En el Informe de Evaluación de Ingresos y Gastos presentado hoy por Barbosa, el Gobierno prevé que la economía brasileña sufrirá en 2015 una contracción del 1,49 %, su peor resultado desde 1990, y que la inflación se ubicará en 9,0 %, la mayor tasa desde 2003 y el doble del centro de la meta oficial.

Esa difícil coyuntura económica obligó a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, a anunciar un duro ajuste fiscal en enero, poco después de asumir su segundo mandato de cuatro años, que aún no ha sido totalmente aprobado por el Congreso.

Dicho ajuste suponía inicialmente un esfuerzo del Gobierno para terminar 2015 con un superávit fiscal primario equivalente al 1,1 % del producto interior bruto (PIB), meta que sería elevada al 2,0 % en 2016 y en 2017.

Brasil registró el año pasado un déficit fiscal primario de 32.536 millones de reales (unos 10.073 millones de dólares), el primer saldo negativo en los últimos 13 años y el peor desde que las cuentas públicas son medidas con los actuales criterios.

Ello, pese a que el Gobierno se había propuesto la meta de terminar 2014 con un superávit primario equivalente al 1,9 % del PIB para repetir el resultado de 2013. Pero a lo largo del año fue reduciendo su compromiso e introduciendo maniobras contables para justificar el saldo negativo.

El dato

Dólar

• La disparada en el valor del dólar se siente en Brasil, que enfrenta una economía “frágil”, con la inflación disparada, previsiones de contracción del 1,4 % en 2015, alza constante en los tipos de interés y donde la depreciación del real acumula en lo que va del año un 21,29 % respecto a la denominación estadounidense. El real retrocedió ayer un 1,79 % frente al dólar, moneda que cerró el día negociada a 3,227 reales para la compra y a 3,229 para la venta en el tipo de cambio comercial.

Cuentas “retocadas”

El Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, presentó al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) las explicaciones sobre el supuesto “maquillaje” del informe de prestación de cuentas. El informe con las explicaciones de las llamadas “pedaladas fiscales” (maquillaje fiscal) fue entregado por el abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams, al presidente del TCU, Aroldo Cedraz, según reportó el servicio estatal de noticias Agencia Brasil.

De acuerdo con el TCU, entre 2013 y 2014 el Gobierno atrasó “sistemáticamente” el envío de recursos a las entidades públicas Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales.

En la práctica, esas instituciones realizaron préstamos al Estado, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), explicó el TCU, que calcula en más de 40.000 millones de reales (unos 12.919 millones de dólares) la cifra “sacada” por el Gobierno de las cuentas de los bancos públicas.

El pasado 17 de junio, el TCU decidió aplazar por 30 días el análisis de las cuentas hasta que el Gobierno diera respuesta a 13 puntos cuestionados, entre ellos el de reducir el corte de gastos en octubre del año pasado, mes en el que se celebraron las elecciones presidenciales, legislativas y regionales.