editorial

• Legisladores kirchneristas presentaron un polémico proyecto de ley, que ya despertó críticas desde distintos sectores.

La idea de regular los comentarios en la web

La polémica está planteada. Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por los kirchneristas Remo Carlotto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque propone penas de un mes a tres años de prisión para quien se extralimite a través de los comentarios que suelen publicarse en sitios web.

En realidad, el proyecto habla de castigar a quien alentare o incitare a la persecución, el odio, la violencia o la discriminación contra una persona o grupo de personas mediante mensajes publicados a través de estas plataformas.

Según los legisladores, serán considerados discriminatorios o agraviantes los contenidos con “patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, mensajes, valores, íconos o signos transmita y/o reproduzca dominación y/o desigualdad en las relaciones sociales, naturalizando o propiciando la exclusión o segregación en razón de pretextos discriminatorios”.

La verdad es que, en muchos casos, los usuarios de sitios web suelen escudarse en el anonimato -en muchos casos, incluso, utilizan nombres ficticios- para opinar de manera violenta, discriminatoria y hasta insultante, sobre estos contenidos y sus protagonistas.

Sin embargo, los sitios -como, por ejemplo, los diarios que publican su versión web- cuentan con la posibilidad de omitir dichos comentarios o regular los contenidos, dejando en claro cuáles son las condiciones adecuadas para que éstos sean publicados.

De acuerdo con las primeras opiniones sobre el proyecto, vertidas por organizaciones no gubernamentales que bregan por los derechos civiles, se trata de una propuesta controversial que podría atentar directamente contra las libertades de expresión.

Desde la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), consideraron que la aprobación de este proyecto representaría un preocupante paso hacia la autocensura. De hecho, el texto es bastante ambiguo y deja al arbitrio de la autoridad de aplicación la posibilidad de determinar qué está permitido decir y cuáles son los límites que no deben ser traspasados.

Según esta Fundación, existen algunos antecedentes riesgosos que también fueron impulsados desde sectores del kirchnerismo y que tienden a dificultar las posibilidades de expresión. Por ejemplo, en Entre Ríos se sancionó una controvertida ley que apunta a limitar los contenidos de las redes sociales en caso de conmoción interior; en el Chaco, diputados propusieron que se acredite identidad fehaciente antes de comentar en Internet; mientras que un proyecto de la diputada Diana Conti planteó en su momento que el Inadi tuviera facultad de clausurar los portales digitales.

También la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) emitió un comunicado advirtiendo sobre los riesgos del proyecto impulsado en el Congreso de la Nación.

Para la ADC, se trata de una iniciativa contraria a la Constitución Nacional. Entre otras críticas, se hace hincapié en que el proyecto utiliza definiciones vagas y ambiguas, e invierte la carga de la prueba en casos de expresiones o conductas discriminatorias.

Si bien es cierto que los límites y alcances de Internet representan una discusión que recién comienza a darse a nivel mundial, también es verdad que estas plataformas se han convertido en un espacio primordial para el debate público. Cualquier intento por limitarlo desde los poderes del Estado, podría atentar contra valores fundamentales protegidos a través de la Constitución y por pactos internacionales con rango constitucional.

La aprobación de este proyecto representaría un preocupante paso hacia la autocensura.