Editorial

• El fiscal pidió penas de hasta 11 años para ex funcionarios y empresarios involucrados en la causa.

Tragedia de Once, emblema de la corrupción

Tres años y medio después de que una formación del ferrocarril Sarmiento impactara contra el andén de la estación de Once y provocara 51 muertes, el fiscal federal Fernando Arrigo responsabilizó a todos los acusados por la tragedia, pidió 11 años de prisión para el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, y más de 10 años para otros ex funcionarios y empresarios comprometidos en la causa.

Entre ellos, el también ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi; y el titular de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Cirigliano. También solicitó una pena de 3 años y 8 meses de prisión para el maquinista de la formación, por el delito de “estrago culposo”.

Todo indica que lo ocurrido no fue un simple accidente. Según las investigaciones realizadas desde la Fiscalía, de haberse cumplido con el mantenimiento de los trenes y las vías, no se hubieran producido las consecuencias del 22 de febrero de 2012.

Además, para el fiscal está probado que ese tren no había sido sometido correctamente a los planes de mantenimiento. Y, además, se comprobó la “canibalización” de formaciones similares para quitar repuestos faltantes por inexistencia de stock.

Los datos se conocieron en el marco del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 2 y que comenzó en marzo del año pasado. El proceso incluyó 120 audiencias y más de 200 testigos.

El siniestro pasó a la historia como “La tragedia de Once”. Un horroroso momento que dejó al descubierto una nefasta cadena de complicidades entre empresarios “amigos” y funcionarios de gobierno.

Desde un primer momento, la empresa TBA intentó culpar al maquinista por lo sucedido, pero luego las evidencias demostraron que el sistema no funcionaba como debía, a pesar de los millones de pesos que el Estado destinaba en concepto de subsidios.

Debieron transcurrir casi doce meses desde la tragedia, para que la presidente Cristina Fernández hiciera referencia al tema. Sin embargo, sus palabras sonaron como una cachetada para los seres queridos de las víctimas: comparó el dolor provocado por las muertes de Once, con el sufrimiento que ella misma padeció luego del fallecimiento de su marido. “La vida es alegría y tristeza”, afirmó.

Lo que la mandataria no pareció tener en cuenta, fue que el choque de aquel tren y el fantasma de la corrupción estaban íntimamente ligados.

En realidad, no se trata del único acontecimiento teñido de sospechas durante estos años. La única diferencia es que a Jaime, Schiavi y al resto de los ex funcionarios investigados, el gobierno resolvió soltarles la mano. Tal vez por la contudencia de las 51 muertes. O, quizá, porque entre los investigados por la Justicia no aparecía ningún funcionario de primera línea.

Sin embargo, en numerosas causas vinculadas con supuestos hechos de corrupción, el kirchnerismo asumió otra postura. Por ejemplo: el vicepresidente Amado Boudou está procesado por el caso Ciccone y por fraguar documentación pública; mientras que la Justicia investiga el posible delito de lavado de dinero en la causa Hotesur, donde aparecen bajo la lupa Florencia, Máximo Kirchner e, incluso, la presidente de la Nación.

A Jaime, Schiavi y al resto de los ex funcionarios investigados, el gobierno resolvió soltarles la mano.