editorial

• Cualquiera sea el próximo presidente, deberá llevar adelante una política de diálogo y consenso.

Nadie tendrá el poder absoluto

No importa quién sea el ganador en el balotaje -para muchos inesperado- del 22 de noviembre. Cualquiera fuese el resultado, ningún sector político en la Argentina contará desde el año que viene con la suma del poder público, sino que se verá obligado por las circunstancias a encarar un gobierno de diálogo y consenso.

Puede que este contexto requiera, necesariamente, de mayores plazos para la concreción de las medidas que el nuevo gobierno pretenda llevar adelante para enfrentar una serie de acuciantes problemas heredados del kirchnerismo. Sin embargo, este proceso será siempre más saludable que cualquier intento de una fuerza política por imponer sus puntos de vista por sobre la sociedad toda.

La historia argentina está plagada de malas experiencias en este sentido. Algunas, incluso, derivaron en luchas sangrientas que han dejado heridas aún abiertas.

Durante las últimas elecciones presidenciales realizadas en octubre de 2011, el Frente para la Victoria obtuvo nada menos que el 54% de los votos, a lo que se sumó el control absoluto de ambas cámaras en el Congreso de la Nación y el manejo de un enorme presupuesto económico.

El lunes 27 de febrero de 2012, luego de un acto realizado en la ciudad de Rosario por el bicentenario de la creación de la Bandera y mientras la intendente Mónica Fein pronunciaba su discurso, la presidente Cristina Fernández se dirigió a sus seguidores y les aseguró: “Vamos por todo... Por todo”.

Fue, seguramente, un momento bisagra en estos 12 años de kirchnerismo que están a punto de terminar. Es que si bien se habían vivido jornadas tensas que dividieron al país -sobre todo durante la crisis con el campo en 2008- en ningún momento la sociedad argentina había tenido la posibilidad de observar a la presidente lanzar una consigna semejante.

El siguiente paso lo constituyeron los intentos por dominar al Poder Judicial. A través del denominado plan de “Democratización de la Justicia”, el gobierno trató de imponer un sistema para que los partidos políticos postularan, en listas sábana, a los candidatos a integrar el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de elegir, sancionar o destituir a los jueces de la Nación.

En otras palabras, el partido que ganara la presidencia estaría en condiciones de controlar políticamente al Consejo de la Magistratura. Y como para que el plan de control resulte infalible, las leyes aprobadas modificaban la cantidad de votos necesarios dentro del Consejo para destituir a un juez.

En 2013 comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el kirchnerismo intentara reformar la Constitución como para que la presidente pudiera continuar en el poder. Desde los núcleos duros, se lanzó la consigna “Cristina eterna”. Sin embargo, el triunfo de Sergio Massa en las legislativas de Buenos Aires truncó este plan.

Más cercanos en el tiempo se recuerdan los intentos del kirchnerismo por controlar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el nombramiento frustrado del jurista Roberto Carlés.

Es cierto que una serie de acuciantes problemas económicos aguardan al próximo gobierno. Sin embargo, el mayor desafío para el futuro presidente pasará por dar muestras claras de que otra forma de ejercer el poder es posible. Sólo así se habrá aprendido la lección.

El mayor desafío para el futuro presidente pasará por dar muestras claras de que otra forma de ejercer el poder es posible.