Carlos Vera Barros

“Sin corrupción no hay narcotráfico”

• En una conferencia sobre lavado de dinero y narcotráfico, el juez federal sostuvo que la corrupción genera un orden clandestino y el peligro es cuando “se generaliza”.

Germán de los Santos

Corresponsalía Rosario

Bajo la consigna “corrupción, lavado de activos y narcotráfico”, integrantes del Poder Judicial federal disertaron el viernes en la sede de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, donde se puso la lupa en las relaciones entre las distintas caras criminales de la venta de estupefacientes.

El juez federal Nº 3 de Rosario Carlos Vera Barros entró al tema desde un costado poco analizado: el de la corrupción, a la que definió de manera sintética como el “abuso de poder en beneficio propio”. Junto al magistrado rosarino estuvieron el ex director de la Unidad Antilavado, el juez federal Ariel Lijo y Julio Piumato, secretario general del gremio de judiciales.

Vera Barros, quien investigó los expedientes más pesados en materia de narcotráfico en Rosario, fue claro al afirmar que “sin corrupción no hay narcotráfico”. Y desgranó esa idea en casos concretos para evitar caer en eufemismos sin anclarlos en la compleja realidad. Citó como ejemplos, el caso más emblemático, como fue el del ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, quien fue detenido y procesado por el juzgado federal Nº 3 de Rosario, pero también recordó el reciente escándalo que tiene en el centro de la escena al magistrado de Orán Raúl Reynoso, imputado de los delitos de asociación ilícita, cohecho y prevaricato.

Orden clandestino

Vera Barros consideró que la corrupción genera un orden clandestino y el peligro es cuando “se generaliza”. Y ahí cumple un rol fundamental el Estado. “La protección que se vende desde el Estado se hace con exclusividad, porque es el que posee el monopolio de la fuerza”, apuntó el magistrado. A nivel teórico, según el juez, cuando ese monopolio de la fuerza se rompe “es cuando se generan conflictos muy grandes y en definitiva lo que se suspende es la aplicación del derecho”. Del plano teórico a la realidad, la traducción más literal es la “zona liberada” o “los procedimientos armados por la policía” o “las detenciones ilegales”, figuras que llenan los expedientes.

Un ejemplo preciso es el caso de la denominada “narcochacra” que ordenó el juez de instrucción Nº 4 Juan Carlos Vienna el 4 de abril de 2013. Los policías provinciales iban a buscar electrodomésticos robados en una chacra en Alvear y terminaron encontrando droga. Se hicieron detenciones. Y la causa derivó en que el tribunal federal integrado por Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y José María Escobar Cello absolvió a Diego Cuello, Gabriela Martinetti, Facundo Sandoval y Carlos Arriola. Los magistrados autorizaron el pedido del fiscal federal Adolfo Villate quien, además de pedir la absolución de los acusados, solicitó que se investigara la actuación de los policías y si el entonces juez de instrucción Juan Carlos Vienna, que ordenó el allanamiento, conocía la falsedad de los hechos o si fue inducido con mala información de los policías que participaron del operativo..

Políticas de Estado

Vera Barros sostuvo además que “las políticas diseñadas para el combate contra el narcotráfico se deben sustraer de las discusiones partidarias”. “Es imprescindible que se den en el ámbito del Estado y con participación a todos los sectores y voces para fortalecer el debate”, señaló.

El juez precisó que hay que romper con el mito de que para combatir el narcotráfico sólo pueden intervenir fuerzas federales porque es un delito de ese fuero. “Cuando una causa se abre en un juzgado es porque la prevención del Estado fracasó. Esa prevención la hace la policía provincial. La Justicia Federal puede valerse de cualquier fuerza de seguridad para intervenir en una investigación”, aseguró el magistrado.

Delitos “por codicia”

• A su turno, Federico Di Pasquale, ex director de la Unidad Antilavado, señaló que los delitos de lavado de dinero son “por codicia”. Y recordó que a nivel internacional se empezó a investigar tarde estos nuevos delitos, que aparecieron en la década del 70. “No había una respuesta del Estado en este tipo de temas”, recalcó y dijo que la primera reacción se produjo en 1989 con la convención contra el tráfico de estupefacientes que se realizó en Viena. El jurista analizó el recorrido desde esa cumbre hasta la creación del Gafi en 2000, tras una reunión en Palermo. Y recordó que la última evaluación que hizo el Gafi en 2010 dejó a la Argentina en una lista gris, por lo que se tuvieron que implementar una serie de cambios en materia de control de capitales.

“La criminalidad organizada está siempre un paso delante. Cuentan con una cantidad de recursos y una ingeniería jurídica y contable que permanentemente busca y encuentra nuevas formas de delinquir, nuevos métodos para blanquear capitales”, sostuvo.

Di Pasquale destacó también la importancia de la colaboración del sector privado, la dificultad de investigar las estructuras societarias complejas así como la necesidad de que el combate al delito de lavado sea un lucha de toda la sociedad.