editorial

• El 11 de octubre de 2013, desconocidos balearon la casa del gobernador Antonio Bonfatti.

Graves hechos aún irresueltos

Fue el hecho de mayor gravedad institucional en la provincia desde el retorno de la democracia: el 11 de octubre de 2013, encapuchados que se movilizaban en dos motos pasaron frente a la casa del gobernador Antonio Bonfatti y dispararon una ráfaga de balas. Sólo la casualidad hizo que nadie resultara herido frente a tan brutal atentado.

Dos años después, el caso sigue abierto. Sin embargo, Héctor Superti, abogado del gobernador, acaba de anunciar públicamente que desistirán de acusar a un hombre procesado en la causa, porque consideran que son endebles las pruebas recolectadas en su contra.

Se trata de Emanuel José Sandoval, que cumple en estos momentos prisión domiciliaria y a quien se le atribuyen delitos tales como “amenazas agravadas por el anonimato y uso y abuso de arma de fuego y daño”.

Sin embargo, el fiscal del caso, Enrique Paz, no coincide con Superti, ni con el gobernador Bonfatti. Para él, sí existen pruebas como para llevar al procesado a juicio. Incluso, asegura que en el momento del plenario pondrá nuevos elementos probatorios a disposición de los jueces.

La hipótesis de la fiscalía apunta al accionar de bandas de narcotraficantes, en connivencia con policías de la comisaría 10ª, con jurisdicción en el barrio donde reside Bonfatti.

De hecho, hay un policía -Pablo Espíndola- que también está acusado luego de que se comprobara que portaba un arma que fuera utilizada en el atentado. Se encuentra procesado por falsificación de documento público y por tentativa de robo calificado.

Según esta línea investigativa, poco antes del atentado, el gobierno resolvió desplazar al jefe de dicha comisaría y reemplazarlo por otro. El nuevo responsable, al parecer, nunca estuvo dispuesto a pactar con una banda criminal que venía actuando en la zona, con la complicidad de efectivos policiales.

Entonces, delincuentes y policías urdieron un plan para provocar el desplazamiento del titular de la comisaría. Llegaron a la conclusión de que, si baleaban nada menos que la casa del gobernador, esto sucedería y, de esta manera, nuevamente estarían en condiciones de delinquir sin mayores inconvenientes.

No fue éste el único caso que tuvo bajo amenazas a funcionarios y ex funcionarios provinciales durante los últimos tiempos. A principios del año pasado, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y el por entonces secretario del área, Matías Drivet, también fueron víctimas de intimidaciones.

Pocas horas antes de que se produjeran dichas advertencias, en la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de la localidad de Arocena, un coche oficial en el que ellos solían viajar fue perseguido y encerrado por otro vehículo con vidrios polarizado. Las maniobras intimidatorias se prolongaron a lo largo de diez kilómetros.

Poco antes, Lamberto y Drivet ya habían recibido llamados amenazantes a sus teléfonos celulares. Los delincuentes les advertían que conocían perfectamente sus movimientos y los de sus familiares.

El 14 de junio de 2013, luego de que se encontrara un depósito con 60 kilos de cocaína en el sur de Rosario, una llamada anónima advirtió que se preparaban atentados contra las vidas del juez de Instrucción, Juan Carlos Vienna, y de funcionarios del área de Seguridad.

Hasta el momento, no se conocen resultados satisfactorios en las investigaciones de todos estos casos y así, la sensación de impunidad termina por imponerse.

La hipótesis de la fiscalía apunta al accionar de bandas de narcotraficantes, en connivencia con policías.