Régimen de Promoción y fomento
Nueva Ley de Economía social
El Senado completó el trámite que había iniciado Diputados. La Legislatura insiste, tras el “veto propositivo” del Ejecutivo de febrero.
De la redacción de El Litoral
A días de terminar su período ordinario, la Cámara de Senadores, mediante un expeditivo tratamiento sobre tablas, privilegió la aprobación de una ley que crea un Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social.
Numerosos representantes de entidades que impulsan la norma, de fábricas recuperadas, de cooperativas de trabajo y de otras iniciativas similares aplaudieron -en las barras- la decisión de la Cámara Alta de aprobar el proyecto de Diputados. La norma se comenzó a discutir a principios de 2014 y fue aprobada a fines de ese año, pero en febrero del corriente, el Poder Ejecutivo provincial le aplicó un “veto propositivo” que fue aceptado por los legisladores.
Sobre la base de esas “sugerencias” del gobernador Antonio Bonfatti (y del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia) y de los proyectos de los diputados kirchneristas Eduardo Toniolli, Gerardo Rico y Mariana Robustelli, así como de las diputadas del Frente Progresista, Cívico y Social Inés Bertero (PS-FPCS) y Verónica Benas se elaboró un despacho, que aseguró el consenso.
La norma fue votada por unanimidad en el Senado y sobre tablas, para no perder otro año. Fueron muy pocos los proyectos de ley con media sanción venidos de Diputados a los que los jefes de los bloques del Senado les dieron prioridad.
Objetivos
La norma pretende construir e implementar políticas públicas para el desarrollo local, regional, urbano y rural. Dispone que sea creado un registro con las producciones de bienes y servicios de estas formas asociativas de trabajo, para que el Estado priorice su compra y contratación.
La ley, de 23 artículos, entiende que es necesario un instituto provincial, autárquico y dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, un Consejo Provincial y Mesas de Diálogo Regionales para colaborar con ese sector económico.
También abre las condiciones para la aparición de Fondo de Financiamiento (que otorgue subsidios y créditos), dispone exenciones impositivas para diferencias a la economía solidaria del resto de las actividades, y posibilita otras ventajas para “la democratización de la economía y el desarrollo de la persona”.
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