Un proceso que puede tardar meses

Cómo será el juicio político contra Rousseff

Agencia EFE

El trámite de un juicio político con fines de destitución de un presidente en Brasil como el que fue autorizado ayer puede prolongarse por varios meses debido a que garantiza una amplia defensa, exige la recolección de pruebas y prevé votaciones en los plenos de la Cámara y el Senado.

Todo el proceso está previsto en la Constitución y reglamentado en la Ley 1079, de 1950.

El juicio político que el Congreso le hizo al entonces presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), por ejemplo, fue abierto el 2 de septiembre de 1991 y se prolongó hasta el 29 de diciembre de 1992, cuando el mandatario renunció presionado por un gigantesco escándalo de corrupción y antes de que el Senado lo despojara del mandato.

El proceso contra Dilma Rousseff se inició ayer con la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de aceptar y dar trámite a una petición de juicio presentado por varios juristas y por cuatro partidos de la oposición.

Los acusadores argumentan que Rousseff incurrió en delitos de responsabilidad, que la Constitución acepta como justificantes del juicio político, al promover unas maniobras fiscales irregulares para maquillar las cuentas públicas de 2014 y que continuaron este año, según organismos de control del Estado.

El próximo paso tras la decisión de Cunha es la conformación de una comisión especial integrada por representantes de todos los partidos y que analizará la decisión contra la jefa de Estado. Esa comisión establecerá un plazo para la defensa de Rousseff y luego elaborará un parecer en el que se pronunciará si la acusación tiene o no base para ser juzgada en el Congreso.

El parecer de la comisión tendrá que ser leído en una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Unión y distribuido a todos los miembros de la Cámara baja junto con la denuncia para que lo analicen.

Transcurridas 48 horas después de la publicación, el parecer será sometido a una primera votación en régimen de urgencia en el pleno de la Cámara de Diputados en un debate en el que podrán pronunciarse hasta cinco miembros de cada partido.

La aprobación o no del parecer será sometida entonces a una votación nominal. En caso de que el parecer considere que la denuncia no debe ser objeto de un juicio político y de que el pleno apruebe las conclusiones de la comisión, el proceso será inmediatamente archivado.

Pero si el pleno aprueba un parecer que considere que hay mérito para el juicio, la Cámara tiene que darle un plazo de 20 días a la presidenta para cuestionar la acusación y presentar las pruebas que sustenten su defensa.

Una vez concluido tal plazo, la comisión especial tendrá otro plazo para interrogar a los testigos de ambas partes y recoger las diferentes pruebas antes de volver a redactar un parecer definitivo sobre la procedencia o no de las denuncias.

El nuevo parecer será sometido nuevamente a votación en el pleno de la Cámara y el juicio tan sólo proseguirá en caso de que cuente con el respaldo de dos terceras partes de los 513 diputados federales del país.

Con la denuncia formalizada y el acusado notificado, el presidente tiene que separarse del cargo durante 180 días, que es el tiempo que tiene el Senado para realizar el respectivo juicio. Durante ese período, la jefatura del Estado es ejercida por el vicepresidente.

La etapa final del juicio tiene lugar en el Senado, que tiene plazo de 180 días para las respectivas deliberaciones en sesiones comandadas por el presidente del Supremo Tribunal Federal.

En la votación final, en caso de que dos terceras partes de los 81 senadores consideren culpable al jefe de Estado, el presidente pierde su mandato y es sustituido de forma definitiva por su vicepresidente.