editorial

• Santa Fe puede mostrar que, pese a que ambas Cámaras legislativas estuvieron en manos de la oposición, es posible gobernar.

Terminó una etapa en la Legislatura

En estos días de recambio de autoridades en los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto nacional como provincial, conviene detenerse y hacer una primera mirada retrospectiva sobre el funcionamiento institucional de Santa Fe en los últimos cuatro años, en los que el Frente Progresista ejerció el Poder Ejecutivo mientras que las dos Cámaras Legislativas estuvieron dominadas por el justicialismo. La experiencia no se repetirá desde el 11 de diciembre, porque el oficialismo volverá a tener mayoría en Diputados y seguirá siendo minoría en el Senado.

El cuadro político santafesino de este período que termina es muy similar al que atravesará Mauricio Macri en la Nación con un Congreso dominado por el Frente para la Victoria.

En Santa Fe, en los últimos cuatro años funcionaron las instituciones. Después llegará el momento de la discusión sobre si hubiesen podido funcionar mejor o qué se pudo haber hecho de otra manera. Pero el balance, y más allá de la evaluación que se tenga de la gestión provincial de Antonio Bonfatti, es positivo.

En estos últimos cuatro años, entre otras cosas, Santa Fe nunca se quedó sin ley de Presupuesto, la llamada “ley de leyes”, que es una norma clave para el funcionamiento del Estado. El justicialismo, especialmente en Diputados, le marcó innumerables diferencias y en la mayoría de las ocasiones se abstuvo de votarlo, pero nunca trabó el funcionamiento de la Cámara como para que la minoría oficialista pudiera llegar a sancionarlo. En la provincia, rige la emergencia en Seguridad impulsada por la oposición que la sancionó, y que obligó a un veto parcial del Ejecutivo para que esa situación se pusiera en vigencia en razón de la gravedad que esta situación planteaba en todo el territorio.

En esta etapa, también cobró plena vigencia el nuevo sistema procesal penal donde la Legislatura tuvo mucho que hacer y decir en esta materia, incluso dándole sanción -por unanimidad- a una de las patas faltantes del sistema como es el recientemente promulgado sistema de protección de testigos y un fondo de recompensa para ayudar en la tarea de investigación.

En el juego político, el Poder Ejecutivo labró un cuidadoso sistema de diálogo con el Senado que fue la llave de acceso de los principales mensajes emanados de la Casa Gris y que le garantizó -de ser necesarios- los dos tercios de los votos para sancionar leyes. Ante esa realidad, la Cámara de Diputados se encontró con demasiadas fragmentaciones, corporizadas en cada una de las expresiones políticas, lo que la debilitó frente a la Cámara Alta y el Poder Ejecutivo. No obstante, no faltaron las leyes necesarias para la gestión y otras encontraron resistencia política fundada, especialmente aquéllas ligadas a nuevos tributos o a la creación de nuevas dependencias del Estado como la “empresa de gas”.

Tampoco el Poder Legislativo fue impedimento para designar a la mayoría de funcionarios propuestos para el Poder Judicial. Tal vez sea reprochable la cantidad de aprobaciones fictas -producto de la falta de quórum de las asambleas legislativas- como crítica implícita al sistema de funcionamiento de selección de jueces, fiscales y defensores que lleva adelante la Casa Gris desde los inicios de la gestión del Frente Progresista.

Pero más allá de aspectos que deben mejorarse, Santa Fe tuvo funcionamiento institucional en los últimos cuatro años pese al complicado mapa político, y seguramente servirá de espejo al período institucional que se abre en el plano nacional.

En estos últimos cuatro años, la provincia no dejó de tener su ley de presupuesto, clave para el funcionamiento del Estado.