Esclavos del siglo XXI

Productor rural de la costa condenado a diez años de cárcel por trata laboral

• El Tribunal Oral Federal de Santa Fe consideró probadas las acusaciones formuladas por la Fiscalía contra un agricultor de Helvecia, detenido en 2014 por la explotación laboral de 8 ciudadanos bolivianos, dos de los cuales eran menores de edad.

Juliano Salierno

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Un agricultor santafesino fue condenado a diez años de prisión de cumplimiento efectivo en un juicio oral y público realizado la semana pasada, donde se lo responsabilizó por el ingreso ilegal al país de un contingente de 8 personas de nacionalidad boliviana, a las que engañó y sometió a trabajos rudimentarios en un campo cercano a la localidad de Helvecia, en el departamento Garay.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe encontró responsable a Raúl Fabián Sánchez por los delitos de “trata de persona agravada por mediar engaño y abuso de situación de vulnerabilidad, en perjuicio de más de tres víctimas, por la consumación de la finalidad de explotación y por minoría de edad de dos de ellas”; “tráfico ilegal de personas” y “permanencia ilegal de extranjeros agravado”.

El tribunal que presidió el juez Luciano Homero Lauría, junto a los vocales María Ivón Vella y José María Escobar Cello, dictó el fallo condenatorio el jueves pasado luego de tres jornadas de audiencias por las que pasaron 17 testigos; y por lo cual la fiscal subrogante, Natalia Palacín, había solicitado una pena acorde con la impuesta.

Además de la sentencia, el TOF ordenó “remitir copias de las actuaciones al Juzgado Federal de Primera Instancia en turno, en relación a la presunta conducta delictiva desplegada” por el padre del condenado, que no fue alcanzado por el juicio. La lectura de los fundamentos está prevista para el 14 de diciembre a las 18.

De Helvecia a Trelew

El agricultor de 44 años oriundo de Ángel Gallardo, fue detenido el 14 de abril del año pasado, en un allanamiento realizado en un campo ubicado 7 km al norte de Helvecia por la Ruta Provincial Nº 1 y 500 metros al este, donde vivía junto a su familia.

En dicho establecimiento rural, Sánchez albergaba en condiciones indignas a un grupo de bolivianos que él mismo se encargó de captar y trasladar, engañándolos con promesas de sueldos que oscilaban entre los $ 1.500 y $ 4.000 que nunca pagó.

La investigación comenzó el 18 de septiembre de 2013 en la terminal de ómnibus de Trelew, en la provincia de Chubut, cuando dos chicos de 17 y 19 años de nacionalidad boliviana intentaron comprar pasajes para viajar a Caleta Olivia -Santa Cruz-, pero como uno era menor y ambos estaban indocumentados, no pudieron hacerlo.

Al ser detectados narraron su historia, en la que referían que escapaban de Santa Fe, donde habían sido explotados laboralmente y viajaban en busca de un familiar que vivía más al sur.

En un primer momento intervino el Juzgado Federal de Rawson y la Oficina de Tráfico y Trata de Personas de la provincia de Chubut, pero el magistrado se declaró incompetente y el caso llegó a Santa Fe.

Acusación fiscal

En forma paralela, el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos del Ministerio Público de la Nación (Protex), fiscal Marcelo Colombo, radicó una denuncia el 21 de marzo de 2014 en la que se informaba de la intervención al Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación desde el 5 de diciembre de 2013.

Como ambas investigaciones tenían un imputado en común el fiscal Federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, pidió su acumulación, así como la detención e indagatoria del acusado; y la Justicia le dio intervención al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios y la Dirección Nacional de Migraciones.

El juez Federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, procesó -con prisión preventiva- a Sánchez el 5 de mayo de 2014; y el fiscal Rodríguez firmó el 4 de septiembre del mismo año la requisitoria de elevación a juicio. En aquella oportunidad, Rodríguez le atribuye al agricultor “haber captado, trasladado y acogido a personas mayores y menores de edad con fines de explotación, finalidad consumada en todos los casos en el inmueble rural” mencionado. Asimismo, le imputó el hecho de “haberlos reducido a la servidumbre” y “haber realizado y facilitado el cruce ilegal” de la mayoría de las víctimas.

La clave

Histórico.

• Tanto desde el Tribunal Oral Federal de Santa Fe como desde la Fiscalía General destacaron que es la primera vez en la historia que se dicta una sentencia condenatoria en la circunscripción judicial del TOF santafesino, en el marco de un juicio por trata de persona con fines de explotación laboral.

Cruce ilegal

• Los trabajadores bolivianos conocieron a Raúl Sánchez en Tarija, Bolivia, donde les ofreció trabajar en su campo en Santa Fe. Uno de los extranjeros contó que cruzó de manera ilegal por el paso fronterizo de Aguas Blancas (Salta) caminando y acompañado por una conocida del “dueño”. Ya en territorio argentino lo acompañaron hasta una estación de colectivos y le pagaron un pasaje hasta la ciudad de Rafaela, donde lo esperaba un hermano de su “empleador”, que lo condujo hasta la ciudad de Recreo y nuevamente le abonaron un pasaje hasta el campo.

Otro en cambio atravesó caminando el río Bermejo, acompañado por el propio Sánchez. Luego tomaron un taxi hasta la terminal de Orán, en Salta, y de ahí directo a Santa Fe y nuevamente a Helvecia.

Para el Ministerio Público Fiscal, la maniobra delictiva se produjo durante el período comprendido entre marzo del año 2012 y abril del año 2014, cuando se produjo el allanamiento.

El dato

Juicio abreviado.

• Un día antes del inicio del juicio oral -30 de noviembre-, los abogados Ricardo Lazzarini y Silvia Doldán, a cargo de la defensa de Claudio Rodrigo Sánchez -hermano del principal imputado- formularon un pedido de juicio abreviado que contó con el acuerdo del fiscal general Martín Suárez Faisal; y para el cual sólo resta el aval del Tribunal. Claudio Rodrigo Sánchez, quien se encontraba detenido por formar parte de la maniobra delictiva, prestó conformidad con la atribución y responsabilidad por el delito de “trata de persona menor de 18 años con fines de explotación laboral” y aceptó la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, así como el decomiso de una camioneta Toyota Hilux 4x4 empleada para la comisión del delito.