Crisis en Brasil

Horas claves para el futuro de Dilma Rousseff

• El inminente quiebre de la coalición de gobierno con la marcha del Partido del Movimiento Democrático, la renuncia de dos ministros y el fantasma del juicio político, generan por estas horas un panorama complicado para la mandataria del vecino país.

Redacción El Litoral

Agencias EFE/DPA

El inminente quiebre de la coalición de gobierno con la marcha del poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) quedó cerca de concretarse, ante el afán de resolver por aclamación la ruptura del pacto.

La decisión de acudir a ese método y no a la votación para resolver la permanencia o no del PMBD en la base aliada de Rousseff, fue tomada por el líder de esa fuerza política y vicepresidente de la nación, Michel Temer, y el titular del Senado, Renan Calheiros, y hoy encabeza los titulares de todos los matutinos del vecino país.

En este marco, la crisis que sacude al Gobierno de Rousseff ya dejó sin sus titulares a dos ministerios clave para la organización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro: Turismo y Deportes.

El ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, presentó su renuncia anoche, en la víspera de que su agrupación política, el PMDB, celebre la reunión en la que podría decidir abandonar al oficialismo.

Alves expresó a través de una carta dirigida a la mandataria que pensó mucho antes de tomar la decisión, a raíz de los compromisos asumidos. No obstante, “el momento nacional pone al PMDB, mi partido desde hace 46 años, ante el desafío mayor de elegir su camino, bajo la presidencia de mi compañero de tantas luchas, Michel Temer”.

Por otro lado, el 23 de marzo, faltando cinco meses para los Juegos Olímpicos, dejó el cargo el ministro de Deportes: George Hilton. Integrante del conservador Partido Republicano Brasileño (PRB), Hilton abandonó su cartera a raíz de la ruptura de su partido con el bloque oficialista. Medios locales informaron en su momento que el lugar sería ocupado por Ricardo Leyser, del Partido Comunista de Brasil, secretario de la división de Deportes de Alto Rendimiento.

Leyser es quien se encarga desde hace tiempo de la organización de los Juegos en nombre del Gobierno, por lo que se consideró que el cambio de ministro no afectaría el trabajo que realizan el Gobierno central, las gobernaciones regionales y municipales, el Comité Olímpico Brasileño y el Comité Olímpico Internacional de cara a la organización de la mayor cita deportiva del mundo. No obstante, hasta el momento no fue designado ningún titular para dirigir ese ministerio.

Si como se presume, el PMDB declara su salida del Gobierno, los seis ministros del partido de centro que todavía integran el Gabinete se verán obligados también a dejar sus cargos, pero Temer permanecería en la vicepresidencia.

El PMDB es el segundo partido más representado en la Cámara de Diputados, con 66 miembros, cuenta con 19 senadores y gobierna siete estados y mil 022 municipalidades, con lo cual su salida de la coalición propina un duro golpe a la administración de Rousseff.

Los cuatro frentes

En medio de estos enfrentamientos entre partidarios y críticos del Gobierno de Dilma Rousseff, la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) entregó ayer a la Cámara de Diputados un nuevo pedido de apertura de juicio político contra la mandataria del Partido de los Trabajadores.

El presidente nacional de la entidad, Claudio Lamachia, y la comitiva que lo acompañaba fueron impedidos durante largos minutos de acceder al despacho del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, para entregarle el documento.

Defensores del Gobierno intercambiaron insultos con otras personas que defienden la apertura de este otro juicio político, que es independiente del que ya se tramita en la Cámara de Diputados. Agentes de seguridad del Congreso tuvieron que intervenir ante las agresiones y forcejeos entre manifestantes.

El nuevo pedido contra Rousseff, oficializado ayer, fue votado por 26 de las 27 filiales regionales de la OAB, entidad que integran casi un millón de abogados de todo el país.

Se basa en cuatro puntos, siendo uno de ellos el mismo que fundamenta el que ya está en marcha en la Cámara Baja: las maniobras contables que el Gobierno de Rousseff habría practicado en 2014, año electoral, con el fin de “maquillar” la situación económica del país. Dichas maniobras, en opinión de los autores de las peticiones, son una afrenta a la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuya violación puede ser causal de destitución de un presidente.

Los otros tres pilares del pedido son las denuncias de que la mandataria y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva estaban al tanto de la trama de corrupción en Petrobras e intentaron interferir en las investigaciones; los beneficios fiscales que el Gobierno otorgó a la FIFA en el marco de la organización del Mundial de fútbol de 2014, considerados ilegales por la OAB; y el nombramiento de Lula como ministro de Estado, que está suspendido por orden judicial.

La petición presentada por la OAB debe ser analizada por Cunha, quien decidirá si la acoge o la archiva. Si la acoge, el trámite cursará en forma paralela al que ya fue iniciado.

Nombramiento sin fueros

• El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, propuso hoy al Tribunal Supremo que se mantenga el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro, pero sin el fuero privilegiado que le blinda ante los tribunales comunes, informaron fuentes oficiales.

El nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia está suspendido de forma cautelar en función de la decisión de un juez del Supremo, aunque el pleno de esta corte tendrá la última palabra sobre el caso.

El magistrado que suspendió la designación, Gilmar Mendes, consideró que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ofreció a Lula el cargo con la intención de obstruir la justicia, puesto que el expresidente es investigado por lavado de dinero en un caso relacionado con la corrupción en Petrobras.

La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.

En su dictamen, el fiscal dijo que “desde el punto de vista estrictamente jurídico, no hay obstáculos” para que Lula asuma su cargo.

No obstante, resaltó que la “hay indicios” de que Rousseff incurrió en un “desvío de finalidad”, lo que significó que habría ejercido sus competencias legales para alcanzar un “propósito diferente del que le es atribuido por el ordenamiento jurídico”. Por ello recomendó que no se mantenga el fuero privilegiado asociado al cargo de ministro.

El fiscal general también solicitó al Supremo que ordene la unificación de todos los procesos abiertos cuestionando el nombramiento de Lula. Según la fiscalía, existen por lo menos 52 procesos abiertos en tribunales convencionales y otros 16 en curso en la propia Corte Suprema.