eDITORIAL

La hora de la Justicia

• La sucesión de novedades judiciales que involucra a ex funcionarios y empresarios vinculados con el kirchnerismo es una oportunidad de rehabilitación institucional, con algunas prevenciones.

La detención de Ricardo Jaime, ex funcionario emblemático de la corrupción del gobierno kirchnerista, supuso un correlato de la sucesión de acciones e instancias judiciales en las diversas causas que lo involucran, pero a la vez parece haber señalado formalmente el punto de inicio de una secuencia cuyos alcances aún no se pueden anticipar.

Paralelamente, los principales referentes empresariales del saqueo del erario público durante la década pasada también están en el ojo de la tormenta. Lázaro Báez, enfrascado en una suerte de guerra privada con la familia Kirchner, sufre la parálisis de las obras públicas con cuyos contratos amasó su incalculable fortuna, mientras la exposición de su hijo mediante el obsceno video en el que se lo ve contando fardos de dinero consagra la condena social y acelera los tiempos de la Justicia. Y Cristóbal López, a la vez que se topa con trabas judiciales para reprogramar la estructura de su organización, deberá afrontar un pedido de embargo por parte de Afip, por los ocho mil millones de pesos evadidos que engrosaron su propio pecunio. En el horizonte inmediato, las implicancias de la ex familia presidencial a través de contratos y negocios compartidos, proyecta una fundada amenaza sobre la suerte de Cristina Fernández y su hijo Máximo, aunque además la anterior presidente deberá comparecer en tribunales el próximo día 13, por maniobras con la venta de dólares a futuro.

Paradójicamente, esta serie de acontecimientos y previsiones coincide ante la opinión pública con el escándalo producto de la difusión de los papers panameños, que en buena medida opacó -de modo justificado- otros desarrollos informativos. Pero más allá de la detección de la presencia del actual presidente Mauricio Macri en una sociedad offshore y las implicancias y explicaciones que esto produjo y demanda, también aparece en ese voluminoso caudal de datos filtrados (todavía en proceso) un ex secretario de Néstor Kirchner, sindicado como “valijero” presidencial y actual multimillonario.

Se trata, en definitiva, de un verdadero vendaval, que algunos han decidido caraterizar como una suerte de mani pulite criollo; aunque en este caso el perfil y la trayectoria de algunos de los jueces que intervienen, su relación con el poder político y su propia carga de sospechas de venalidad, contribuyen en alguna medida a condicionar la mirada sobre sus actuaciones y la oportunidad de las mismas. Lo que, más que descalificar las indagaciones, estimula a exigir que se desarrollen hasta las últimas consecuencias y alcances.

Entre esas necesarias derivaciones, no es un componente menor el factor económico. Los argentinos han abrazado la consigna de que los culpables de ilícitos económicos y enriquecimiento indebido no sólo deben ser juzgados y castigados, sino que también deben ser privados del rédito que obtuvieron de esa manera, generando un costo que hoy, por distintas razones, debe ser compartido de manera colectiva.

No se trata aquí de vendettas partidarias o ajustes de cuentas entre facciones. Los niveles y volúmenes de la corrupción en nuestro país han enfermado a la sociedad, y no sería aventurado suponer que incidieron de manera decisiva en el recambio gubernamental. Por eso es tan importante que quienes han tomado el relevo hagan honor a ese compromiso, no sólo alentando el esclarecimiento y justa retribución de los presuntos delitos cometidos en la gestión anterior, sino garantizando tanto la honestidad como la persecusión de todo tipo de irregularidad actual o futura.

En cada uno de los aspectos mencionados, se juega algo tan vital al sostenimiento de la república como es la recuperación de las instituciones. Nada menos que eso.

Los culpables de ilícitos económicos y enriquecimiento indebido no sólo deben ser juzgados y castigados, sino también privados del rédito que obtuvieron.