Un paquete de 8 leyes, para reformar tiempos y tareas en la Justicia

En la agenda. El ministro de Justicia y su par de gobierno flanquean al gobernador Miguel Lifschitz, quien explicó que el Poder Judicial y sus procedimientos ya no son sólo un asunto de expertos. Foto: Flavio Raina

Luis Rodrigo

de la redacción de El Litoral

El paquete de leyes que el gobernador Miguel Lifschitz enviará a la Legislatura, para provocar este año reformas en el sistema judicial, tiene un autor colectivo. El titular de la Casa Gris lo aclaró en cuanto comenzó el acto en la Casa Gris, cuando presentó, junto al ministro de Justicia Ricardo Silberstein y su par de Gobierno Pablo Farías, ocho mensajes listos para su discusión en las Cámaras.

“Ninguno de los proyectos son el producto de una idea propia. Hay en ellos meses de trabajo, de conversaciones, de reuniones de un diálogo interpoderes y más allá con todos los actores del sistema judicial santafesino”, dijo el gobernador.

Entre quienes acudieron al Salón Blanco de la sede del Ejecutivo provincial, estaban en las primeras filas, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y su titular Rafael Gutiérrez, algunos legisladores provinciales del oficialismo y de la oposición, autoridades de los colegios profesionales involucrados y no pocos abogados que a diario recorren Tribunales.

Lifschitz recordó que años atrás el funcionamiento de la Justicia, la lógica de sus procedimientos y sobre todo sus resultados eran apenas “un tema técnico, propio de los expertos, de los abogados”. E indicó que hoy (seguramente porque la inseguridad, la impunidad ante la corrupción y otros fracasos argentinos lo imponen) “el tema se ha convertido en un asunto más de la discusión política y de la agenda social”, explicó.

Tras insistir en que los dirigentes políticos deben estar a la altura de las demandas de la sociedad, y de las necesidades de los actores del sistema judicial, dijo unos y otros comparten el objetivo de mejorar la calidad de la Justicia en Santa Fe.

Adelantó que se buscará mejorar los proceso de selección para los concursos con los que luego se proponen a la Asamblea Legislativa los pliegos de candidatos a jueces y a fiscales. Y subrayó que la autolimitación de las facultades del Ejecutivo que inició Hermes Binner y profundizó Antonio Bonfatti ahora debe perfeccionarse. Adelantó que se abrirán nuevas posibilidades para que los magistrados de otros fueros se presenten en los concursos para jueces penales y fiscales, sin arriesgar sus actuales cargos. También que se prorrogarán, si la Legislatura lo acepta, los plazos de los actuales jueces subrogantes.

De fondo

Las modificaciones propuestas son de fondo y todo indica que van a despertar un interesante debate en la Legislatura, más allá de que en este primer paquete y en el próximo que envíe la Casa Gris hay aportes de diputados y senadores. El ministro Silberstein expuso con claridad las características principales de las leyes a discutir, que a continuación se resumen.

Prisión preventiva. Los jueces penales “van a tener más posibilidades” para dictar la prisión preventiva porque “se flexibilizan” los criterios normativos para ese recurso, siempre extremo para con un acusado que aún no ha sido juzgado. Históricamente se dicta cuando el juez sospecha que el imputado puede fugarse y así proteger el avance del juicio. Ahora también podrá haber cárcel de acuerdo con la “proporcionalidad” del delito o de la pena en juego.

Sin excusas. El Código Penal considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después; o mientras es perseguido por la fuerza pública, por el ofendido o el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito. El ministro explicó que hoy en estos caso la policía puede actuar; en adelante será su obligación hacerlo.

En cuanto a los jueces, se los eximirá de concurrir de manera obligatoria “a muchas audiencias” que en realidad no requieren su presencia. “Tendrán más tiempo para ir a las que son en verdad importantes”.

Monos y fiscales. Tras destacar el valor de los juicios abreviados, el ministro advirtió: “no es un instituto disvalioso; no debe ser utilizado disvaliosamente”. Se propone reformar el Código Procesal Penal de Santa Fe para hacerlos más rigurosos.

Cuando traten de delitos con penas de ocho o más años, los fiscales necesitarán “la conformidad” de sus superiores, el fiscal regional, y hasta el fiscal general, para “evitar algunas situaciones de público conocimiento”, expresó en obvia referencia a la resolución del caso de Los Monos.

El botín. Santa Fe podrá ser una provincia pionera si se aprueba un proyecto de ley por el que los jueces además de penar con cárcel puedan hacerlo con el decomiso como acción punitiva. Se podrá dictar la confiscación de bienes producto del delito y también aquello que es adquirido como fruto del delito. “Aún sin condena si el delincuente se ha profugado”.

Otros fueros, además del Penal

Por primera vez, tras casi una década de expectativas, esfuerzos y acciones centradas en actualizar en poco tiempo la justicia penal en Santa Fe, una política de Estado que comenzó en los últimos años del gobierno de Jorge Obeid, el tercer gobierno del Frente Progresista impulsa una reforma en la que los cambios apuntan también a otros fueros, además del Penal.

Las modificaciones en materia civil procuran mejorar aspectos prácticos del sistema judicial. Por ejemplo: abreviar la declaratoria de pobreza, para que las penurias que pasan quienes la esperan sean menores; y porque no pocas veces ésta resulta usada como una chicana para ganar tiempo. Se trata de quitar tareas que hoy “de manera innecesaria” cumplen los magistrados. En Rosario, por ejemplo, unas 1.500 causas al año se ocupan de esa declaratoria.

Se crea en la provincia, si prospera en la Legislatura, un proyecto de ley para crear la figura de la oferta razonable, en el sistema de mediación judicial, en el fuero civil.

“Reivindicamos la mediación -dijo el ministro Silberstein- pero no puede ser un obstáculo para la justicia”. Recordó que el mediador percibe una retribución en función de su trabajo, expresó que es “un orgullo de la Argentina que el Poder Judicial sea público y gratuito, además de independiente”, pero agregó: “tampoco puede ser el sistema judicial el objeto de una abuso”.

De existir “una oferta razonable, quien no la aceptó y concurrió al juicio y no obtuvo un resultado diferente de aquella, deberá pagar sus costas, porque abusó de esa instancia”.

Además, van a cambiar los plazos de caducidad. Hoy son de un año y se limitarán a seis meses, para que “los juzgados y los abogados vayan a una velocidad mayor”.

Los honorarios de los peritos se van a actualizar de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Nación.

El dato

Magistratura

Las reformas al Consejo de la Magistratura, tras algunas objeciones de los colegios de abogados, van a madurar unos días más en el ministerio de Justicia que conduce Ricardo Silberstein. El gobernador Miguel Lifschitz anunció que en cuestión de días se anunciará un proyecto de ley.