Portaba un arma de la Policía

Tenía una condena el empleado de la GSI detenido la semana pasada

El juez de la IPP Sergio Carraro impuso prisión preventiva para el empleado municipal que formaba parte de la Guardia de Seguridad Institucional. El fiscal Roberto Apullán lo acusó por el delito de “portación de arma de guerra”.

De la Redacción de El Litoral

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La Justicia dictó la prisión preventiva para un empleado de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) de la Municipalidad de Santa Fe, detenido el jueves pasado luego de protagonizar un incidente con ciudacoches, en inmediaciones de la avenida Freyre y calle Crespo.

La medida privativa de la libertad fue adoptada ayer por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Sergio Carraro, y recayó sobre el imputado Miguel Ángel Acula, quien el sábado, previo a que se le formulase la atribución delictiva, protagonizó un curioso episodio en la Alcaidía de Tribunales, cuando habría intentado quitarse la vida con el cordón de una campera, según indicaron fuentes del lugar.

En dicha oportunidad, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Roberto Apullán, le atribuyó a Acula el delito de “portación de arma de fuego de guerra, agravado por registrar antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas”, según lo establecido en el último párrafo del artículo 189 bis, inciso 2, referido a delitos contra la seguridad pública.

La referencia vino a cuento de una condena previa que pesa en el prontuario de Acula. El guardia municipal de 33 años había sido detenido el 19 de septiembre de 2001, cuando tenía 18 años, acusado por los delitos de “robo calificado, violación de domicilio, tenencia de arma de uso civil y hurto calificado”.

El 5 de mayo de 2003 fue condenado a 7 años de cárcel; pena que fue revisada por la Sala I de la Cámara de Apelación Penal, que en octubre del mismo año revocó parcialmente la sentencia confirmando el fallo en cuanto a lo principal, pero reduciendo a 6 años la condena, por lo que ésta se encuentra vencida desde el 16 de octubre de 2007.

Otra investigación

Si bien Acula no pronunció palabra durante la audiencia, su abogado Ramiro Carrasco se encargó de argumentar el motivo por el cual su pupilo llevaba un arma y descartó que su portación fuera con fines delictivos o ilegales. El abogado sostuvo que su cliente estaba armado por “cuestiones personales” de vieja data y que incluso lo hacía “por seguridad de su familia”. Contó que uno de los miembros de su familia había sido víctima de graves delitos y que incluso llegaron a balearle el frente de la casa, motivo por el cual se decidió a llevar un arma en la cintura.

Pero además, dejó entrever que era de público conocimiento que los guardias de la GSI portaban armas. “Es sabido y se comenta que las fuerzas municipales tiene armas”, esgrimió el defensor, por lo que automáticamente el fiscal Apullán pidió que se extrajeran copias de lo manifestado para investigar la veracidad o no de sus dichos. Ante lo solicitado el juez Carraro ordenó la remisión de copia para que el MPA diera curso al trámite.

Arma policial

Otro dato que fue objeto del debate refiere al origen de la pistola 9 mm marca Browning secuestrada, dado que se trataría de un arma perteneciente a la Policía de Santa Fe.

En su resolución, dictada en forma oral en la misma audiencia, el juez Carraro hincapié en que hubo un llamado al 911, que daba cuenta de la presencia de una persona con un arma en las manos, y que a las pocas cuadras se lo atrapa con el arma y ante la presencia de un testigo de actuación. Acula llevaba el arma en la cintura y carecía autorización para portarla, por lo que el delito de portación se encuentra configurado.

No obstante el juez rechazó el agravante por una condena previa, aunque valoró los antecedentes en torno a los riesgos procesales, que podrían poner en crisis la investigación, tal es el caso del peligro de fuga.