Debe explicar a la Justicia por qué protegió a Lázaro Báez

Echegaray, complicado en la ruta del dinero K

Por la misma causa ahora está procesado el empresario Lázaro Báez, así como otros actores principales de los videos de “la Rosadita”.

Controles. El ex titular de Afip, hoy de la Auditoría General de la Nación, no puede salir del país. Será indagado por el juez Sebastián Casanello.

Foto: Archivo El Litoral

De la redacción de El Litoral

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El juez federal Sebastián Casanello le prohibió la salida del país al ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, y lo citó a prestar declaración indagatoria el próximo 3 de mayo. El titular del principal órgano de control sobre el gobierno nacional, la Auditoría General de la Nación, fue designado por el principal partido de la oposición, el PJ. (Ver aparte).

La decisión es parte de otras resoluciones del magistrado. También procesó con prisión preventiva al empresario Lázaro Báez, le trabó embargo por $ 100 millones y ordenó la captura internacional del abogado Jorge Chueco, desaparecido desde hace varios días, a quien también le inhibió sus bienes.

La citación a indagatoria de Echegaray -y al ex jefe de la DGI, Ángel Toninelli- se relaciona con su posible responsabilidad en “un delito precedente” al lavado de dinero, que se le adjudica a Lázaro Báez y demás procesados de la causa de la ruta del dinero K, que denunciara años atrás el periodista Jorge Lanatta.

El juez consideró posible su vinculación con la generación de facturas truchas que se operaba en Bahía Blanca y que habrían permitido al grupo de Báez eludir al fisco y reingresar al país dinero negro.

“El posible hecho precedente que permitió a los actores hacerse de una suma de dinero negro, que luego sería paulatinamente introducida en el mercado”, sostuvo el juez al citarlo.

Tras citar las declaraciones judiciales de Leonardo Fariña, “sumado a la conjugación de elementos de prueba que se reunieron en relación con algunas maniobras que se habrían llevado a cabo en el seno de la administración de las firmas Helvetic Services Group SA, SGI Argentina SA y Austral Construcciones SA”, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó sumar a la investigación “la ruta de bonos”.

“Existen sospechas concretas de que entre el 14/12/12 y el 08/04/13, a través de una posible maniobra de auto-venta o autocompra de títulos de deuda pública por parte de Helvetic Services Group SA, se reingresó al país una suma aproximada de 33 millones de dólares que habrían sido insertados en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones S.A. en el Banco de la Nación Argentina, a través de nueve cheques por un total de $208.840.876, endosados por Jorge Chueco -como apoderado de Helvetic- y depositados por Eduardo Larrea y Claudio Bustos en nombre de Austral”, señalo el juez.

Dos años de ocultamiento

“La Afip tenía conocimiento, por lo menos desde hacía dos años, de la estafa millonaria que Lázaro Báez le había provocado al Estado nacional, usando como punta de lanza la facturación apócrifa (de esa forma se evitó el pago de tributos a la Afip)”, sostuvo la diputada Margarita Stolbizer en la denuncia por la que ahora Casanello cita a Echegaray.

Según se desprende del fallo firmado por Casanello, “el descubrimiento de la multimillonaria evasión tributaria sacudió a la Administración Federal de Ingresos Públicos de Bahía Blanca, a punto tal que mientras los inspectores de la Dirección Regional de aquella ciudad avanzaban con la investigación, el Dr. Ricardo Echegaray disolvía la regional, cesando la función de 49 jefes”, en 2012.

Ello, sostuvo, “abriría el camino” para “hacer desaparecer toda huella de las fiscalizaciones iniciales”. Se trata de la denuncia que Stolbizer presentó el 9 de enero de 2015, donde apuntó a “las conductas de Lázaro Báez -titular de Austral Construcciones SA-, y quienes resultasen ser titulares y/o directivos, responsables de las empresas Calvento SA, Grupo Penta SA, Iberoamericana de Servicios SA, y sobre Ricardo Echegaray -titular, en aquel momento, de la Administración Federal de Ingresos Públicos- y/o sobre quien más corresponda en calidad de responsables de llevar a cabo las fiscalizaciones de las mencionadas empresas”.

La diputada nacional, ex candidata a presidente, extendió su denuncia al entonces titular de la AFIP “por haber incumplido la normativa vigente, beneficiando y encubriendo de ese modo al empresario Lázaro Báez”.

Más procesados

Martín Báez, hijo del empresario amigo de Néstor Kirchner, junto a César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Pérez Gadín, quienes aparecen en un video de seguridad contando fajos de dinero en la financiera “La Rosadita”; recursos que Báez admitió como propios.

Casanello los consideró “coautores” del delito de lavado de activos, punible con una pena máxima de diez años, y los embargó por 100 millones de pesos. En la misma resolución, el magistrado también procesó con prisión preventiva al contador Daniel Pérez Gadín, detenido el igual que Báez el pasado 5 de abril y le trabó embargo por un millón de pesos.

¿Funcionarios de Macri compraron dólar futuro?

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner afirmó ayer que por la compra de dólar a futuro salieron beneficiados allegados y familiares de su sucesor, Mauricio Macri, a la vez que se quejó porque el juez federal Claudio Bonadio “no los individualizó, ni mucho menos los citó” a declarar.

Entre los que compraron dólares a futuro la ex presidente nombró al empresario amigo de Macri, Nicolás Caputo (U$S 3,5 millones); al apoderado del PRO, José Torello (U$S 0,8 milones); a la compañía Socma-Chery, de la familia del mandatario (U$S 8 millones); al secretario de Coordinación Interministerial y ex CEO de Farmacity, Mario Quintana, uno de los negociadores del pago a los holdouts (U$S 1,5 millones).

U$S 1,2 millones por un kilómetro de ripio

El diputado nacional Martín Hernández (UCR-Formosa) presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una extraña licitación, adjudicación y control sobre una obra en su provincia.

Sostiene que hubo sobreprecios “escandalosos” porque el Estado pagó

“U$S 1,2 millones el kilómetro de ripio; hoy pavimentar cuesta U$S 0,6 a U$S 0,8 millones aproximadamente”.

Tal como ocurrió con Santa Cruz, Formosa firmó un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, que delegó todas sus responsabilidades en su par provincial y aportó los fondos para la obra: la Ruta 86 de tierra iba a convertirse en un camino con ripio. Aún no se arrojaron piedras en tres tramos, cerca de las localidades de Gualcazar y Misión San Martín.

Hubo “un adelanto financiero de $34 millones luego de adjudicada la obra, pero recién a los dos años empezó la obra: no hay ninguna referencia de qué se hizo con ese dinero durante esos dos años”. La contratista es la sucesión de Biancalani (oriunda de Chaco), recientemente allanada por la Justicia.

La Rosada ya habla de sacarlo de la AGN

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó esta mañana que hay “consenso” en el Congreso para remover al titular de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, si fuera procesado en la causa donde se investiga lavado de dinero de la denomina “ruta del dinero K”.

“Claramente las autoridades del Congreso lo vinieron discutiendo. No sólo de nuestra fuerza, son varias las fuerzas que lo están discutiendo”, sostuvo Peña, quien remarcó que “el consenso es que si hay procesamiento, se empujaría hacia la discusión de la remoción”.

En una conferencia de prensa en Casa Rosada, tras la reunión de Gabinete Nacional, el funcionario remarcó que es “muy importante ser respetuoso de los pasos institucionales y de la investidura del cargo”. Subrayó que “vamos a seguir con mucho interés” la causa.

Al titular de la AGN, un órgano de control sobre el Poder Ejecutivo Nacional, lo define el partido mayoritario de la oposición. Fue el PJ quien propuso al ex funcionario kirchnerista.