Media sanción de Diputados

Destinan más dinero para el fondo compensador del transporte

Elevan del 5 al 8% la recaudación de Sellos para los colectivos. Un sector del oficialismo intentó quitarle facultades a los concejos municipales en el tema tarifario.

Mario Cáffaro

mcaffaro@ellitoral

Diputados socialistas y radicales debieron dar marcha atrás, en el propio recinto de la Cámara, con el agregado que habían incluido en comisiones para quitar por cuatro años a los concejos municipales la facultad de modificar la tarifa y las modalidades de pago del boleto urbano. La propuesta se coló en el paso a comisiones de un proyecto del justicialista Luis Rubeo que propuso elevar al 10% de lo recaudado en Impuesto de Sellos para subsidiar, en parte, el sistema de transporte automotor urbano e interurbano de pasajeros en toda la provincia.

Hasta hoy, el fondo se compone del 5% de Sellos y el justicialista proponía duplicar el aporte. En la Comisión de Presupuesto, se resolvió elevar al 8% y se agregaron tres artículos al despacho de mayoría con las firmas de Julián Galdeano, Fabián Palo Oliver y Edgardo Martino (los tres radicales); Clara García y Joaquín Blanco (ambos socialistas) y Verónica Benas (Pares). En cambio, el justicialista Héctor Cavallero firmó en minoría un dictamen con el proyecto de Rubeo y llevando el fondo al 10%.

El despacho de mayoría determinó que el 5% total de Sellos “se aplicará directamente al transporte urbano de pasajeros y al transporte de media y larga distancia en la provincia de Santa Fe, y se distribuirá en relación a la cantidad de unidades en servicio de cada empresa, contemplando únicamente los tramos que se encuentren dentro del territorio provincial. El tercer artículo determinó que el 3% de Sellos se aplicará al transporte urbano y metropolitano de las áreas de Rosario y Santa Fe “distribuyéndose en relación a la cantidad de unidades en servicio de cada empresa y pudiéndose contemplar un adicional para aquellas unidades adaptadas a personas discapacitadas y/o unidades o tramos que no cuenten con subsidios del Estado Nacional”.

La trampa se incluyó en el artículo 4 que incorporaba una cláusula transitoria a la Ley Orgánica de Municipalidades que decía “el Departamento Ejecutivo Municipal podrá, por el término de cuatro años, modificar la tarifa y las modalidades de pago del servicio público de Transporte Urbano de personas en todas sus modalidades, si el valor establecido surgiera de estudios técnicos de costos efectuados por entes, instituciones u organismos públicos especializados en la materia”.

Lo que se dijo

Con el tema en el recinto, Rubeo lo fundamentó en la necesidad de reducir los costos para usuarios del transporte que generalmente son las franjas más vulnerables de la población y pidió autorización para abstenerse en el último punto. Enseguida la oficialista Alicia Gutiérrez (SI) anticipó que iba a votar por el rechazo de ese artículo y se sumó Gabriel Real (PDP). Entonces el clima fue tomando más calor político y fue el macrista Roy López Molina quien habló de violación de la autonomía municipal y de avance sobre las atribuciones de los concejos municipales. También Cavallero puso el grito en el cielo al igual que el justicialista Julio Eggiman. Con tono mesurado -pero no menos crítico- se expresó la socialista Silvia Ausburger y desde la izquierda Carlos Del Frade. Todos contra el avance sobre los concejos municipales. A esa hora ya el Concejo de Rosario había votado por amplia mayoría un repudio al despacho de mayoría de la Comisión de Presupuesto.

Ante ese panorama, el socialista Eduardo Di Pollina mocionó quitar el artículo cuestionado y el resto se votó por unanimidad.

Lo que faltó es la explicación sobre la inclusión del artículo 4 que nadie defendió en el recinto.

En los pasillos se hizo mención a la ciudad de Rosario, donde la puja entre el Ejecutivo y el Concejo demoró varias semanas el incremento tarifario. En cambio, en Santa Fe los ediles opositores están reclamando que vuelva al cuerpo la función delegada oportunamente.

 

El dato

Universidad

• Impulsada por el socialista Francisco Garibaldi, Diputados votó una declaración de apoyo a la universidad pública en forma coincidente a la jornada nacional de protestas impulsada por las federaciones docentes y los movimientos estudiantiles.

Garibaldi expresó que “de la calidad universitaria depende que nuestro país pueda construir una masa crítica de profesionales al servicio de una sociedad culta, integradora e igualitaria”.

Violencia laboral

• La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de difundir en las oficinas públicas de la provincia el texto de la Ley Nº 12.434 de violencia laboral. La iniciativa de Verónica Benas (Pares) señala que la sanción de la ley 12.434 en el año 2005 “constituyó un significativo avance para prevenir y encauzar situaciones de abusos de poder que se suscitaban en el ámbito de la administración pública provincial, municipal o comunal” y recordó que fue la respuesta concreta frente una forma específica de abuso de poder, catalogada por especialistas en la materia como violencia político-burocrática.