editorial

• El cambio cultural aparece como el mayor desafío para modificar las estadísticas sobre femicidios.

Medidas concretas para frenar la violencia de género

El 3 de junio volvió a escucharse en todo el país el reclamo por “#NiUnaMenos”, la consigna que materializó la demanda de acciones para poner fin al flagelo de los femicidios. Una vez más, hombres y mujeres de todas las edades, condiciones sociales, oficios, profesiones y pertenencias partidarias confluyeron en los principales espacios públicos de todo el territorio, tal como ocurrió un año atrás cuando el crimen de una adolescente en la localidad santafesina de Rufino desencadenó, a través de las redes sociales, este movimiento social.

Entre una y otra convocatoria hubo avances en la materialización de las leyes y se observó una mayor visibilización del tema, pero no se modificó la cifra de muertes por violencia de género: en la Argentina una mujer es asesinada cada 30 horas y la estadística se mantuvo inamovible en los últimos años, desde que la Casa del Encuentro -organización no gubernamental con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires- comenzó a elaborar sus propios registros en base a datos obtenidos en medios de comunicación de todo el país.

Un año atrás, el reclamo se concentraba en cinco puntos enmarcados en la Ley Nacional 26.485, de avanzada en su planteo pero -por entonces- con varios aspectos pendientes de aplicación concreta. Uno de ellos es el plan nacional de erradicación de la violencia que será comunicado en julio próximo. Al menos así se desprende del anuncio realizado desde el Consejo Nacional de las Mujeres. Además, se espera la reglamentación de la ley de patrocinio gratuito para las víctimas, la elaboración de estadísticas oficiales y más espacios de protección real, concretamente refugios, para las mujeres que sufren violencia.

Por su parte, en la provincia se constituyó un organismo específico destinado a prevenir, asistir y erradicar la violencia de género en el marco de la Ley Provincial 13.348 que, a su vez, adhiere a la norma nacional. Pero además, comenzará a funcionar en pocas semanas el Registro Provincial de Violencia hacia las Mujeres, que reunirá la información sobre casos notificados por escuelas, centros de salud y comisarías y permitirá, a partir de un diagnóstico certero, elaborar políticas públicas adecuadas.

En los últimos días se sumó, como hecho positivo e indispensable, la capacitación en esta temática a los futuros agentes policiales, con hincapié en un necesario cambio de actitud ante una situación de agresión. Más sensibilización, mayor conciencia sobre la importancia de la primera atención y menos prejuicios y estereotipos resultan fundamentales en esa fuerza que, en muchos casos, es la primera que interviene ante una situación de violencia.

La difusión de la existencia de una línea gratuita nacional que se logró a partir de la masiva movilización de 2015 resultó fundamental: los llamados al 144 se multiplicaron en un año y la mayoría de los planteos fueron por violencia psicólogica, lo que implica, por un lado, que más personas decidieron actuar o pedir auxilio, y por el otro que otras formas de agresión que antes no se tenían en cuenta comenzaron a ser verbalizadas.

Sin embargo, el gran desafío sigue siendo cultural y tiene que ver con la manera en que la mujer es considerada en el ámbito público, en los medios, en la educación y puertas adentro de su propia casa, que es donde se materializa mayoritariamente la violencia. Y para lograrlo, son indispensables las políticas que pueda desarrollar el Estado en todos sus niveles pero también el cambio de perspectiva de toda la sociedad.

A un año de #NiUnaMenos hubo avances en la reglamentación de las leyes y en la difusión del tema pero no se modificó la cifra de víctimas.