editorial

El gobierno porteño decidió no implementar el protocolo lanzado por Nación para impedir cortes de calles.

El riesgo de frenar los piquetes

La llegada de Uber a la ciudad de Buenos Aires y la seguidilla de cortes de tránsito realizados por taxistas a modo de protesta en las principales avenidas de la Capital, pusieron nuevamente en el tapete la discusión sobre el fenómeno de los piquetes en la Argentina.

Es que a poco de asumir el gobierno de Cambiemos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció la implementación de un protocolo sobre cómo actuar en estos casos. Y a mediados de febrero, el 80% de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron un documento avalando estas disposiciones.

Se decidió entonces que, ante un piquete, el jefe del operativo de seguridad debía impartir a través de un megáfono o a viva voz, la orden de liberar el tránsito. Y que ante esta advertencia “los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación”.

En caso de negarse a cumplir la orden, “se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia..., poniendo en conocimiento del magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.

Desde un principio, desde distintos sectores se advirtió que los piquetes en la Argentina constituyen un verdadero fenómeno cultural y que difícilmente esta metodología de protesta podría ser evitada a través de un mero protocolo. El gobierno de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, desistió de firmar el acuerdo.

En las últimas horas, el gobierno porteño anunció que no impedirá las protestas realizadas por los taxistas. En otras palabras, desistirá de la aplicación del “protocolo antipiquetes” si eso implica el uso de la fuerza, pues teme que se produzcan potenciales enfrentamientos que acarrearían altos costos políticos en momentos de tensión.

Según informa el diario Clarín, en el gobierno de Buenos Aires existe incomodidad con esta situación y sostienen que desde la Nación se levantó mucho el perfil del protocolo, lo que hizo que ante cada interrupción de tránsito la administración de la ciudad se encuentre en la mira de la ciudadanía.

La consultora privada Diagnóstico Político acaba de emitir un informe según el cual se registraron en mayo 587 piquetes en todo el país. Si bien esto representa una disminución del 3% respecto de mayo de 2015, muestra claramente que el protocolo firmado en febrero quedó en una mera expresión de deseos.

En lo que va de 2016 ya se registraron 2.776 bloqueos de calles y rutas. Los distritos más conflictivos fueron nuevamente Buenos Aires (102) y la Capital Federal (60); seguidos por Santa Cruz (44), Neuquén (39), Río Negro (35), Santa Fe (32) y Tierra del Fuego (30).

Los piquetes que surgieron en 1996 en el sur del país frente a situaciones sociales desesperantes, terminaron convirtiéndose en parte de la cultura político-social argentina, tergiversando la posibilidad de ejercer el derecho de protesta sin que esto represente la flagrante violación de los derechos de terceros.

El contrato social en la Argentina está quebrado y las causas de esta ruptura se encuentran en la historia reciente del país. Reconstruir lo que fue destruido con absoluto desparpajo e irresponsabilidad política, será una tarea ardua, delicada y sin garantías de éxito.

Reconstruir lo que fue destruido con absoluto desparpajo e irresponsabilidad política, será una tarea ardua, paulatina y sin garantías de éxito.