editorial

Momento clave

• Los meses por venir resultarán cruciales para el gobierno y para el país.

Con el paso del tiempo los márgenes de acción para el gobierno nacional disminuyen y los meses que restan para finalizar el año serán cruciales para marcar el derrotero de la economía del país.

Quizás por esta razón, el macrismo parece haber tomado la decisión de adelantar algunos pasos que, en principio, estaban previstos para el primer semestre de 2017.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, acaba de anunciar que motorizarán el proceso de discusión parlamentaria tendiente a modificar las escalas del polémico Impuesto a las Ganancias, de tal manera que los cambios puedan comenzar a regir a partir del año que viene.

Dicho impuesto alcanza actualmente a quienes cobran salarios brutos mensuales a partir de los $22.750 si no tienen deducciones, o de los $30.120 si se declara cónyuge y dos hijos a cargo. Debido al proceso inflacionario, se trata de un tributo que perdió progresividad por la desactualización de la tabla de alícuotas.

Pero más allá de lo que suceda con Ganancias, el gobierno sabe que resulta imprescindible una reforma profunda del sistema impositivo en general. En este contexto, comenzaron los primeros diálogos con representantes de las provincias.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la presión tributaria para un contribuyente de clase media o media baja oscila entre el 47 y el 53 por ciento de sus ingresos, siempre que no evada impuestos. Este cálculo incluye el pago de tributos municipales, provinciales y nacionales.

Se trata de una presión tributaria semejante a la de países desarrollados donde existe una fuerte insidencia del Estado en la vida cotidiana. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en la Argentina, en esos países los servicios resultan eficientes y el sistema funciona.

El desafío no es sencillo. Por un lado, el gobierno deberá encontrar los mecanismos para reducir la presión asfixiante sobre los que pagan y, a la vez, incrementar la recaudación entre sectores que evaden y aquellos que permanecen fuera de la economía formal.

Cualquier reducción significativa en la recaudación puede traer apareados serios inconvenientes ya que, en lo que lleva de gestión, el gobierno se vio imposibilitado de reducir sus gastos. En parte, por la creciente demanda social; y, en gran medida, por planteos judiciales que congelaron aumentos tarifarios y de servicios.

También en materia laboral, los próximos meses serán cruciales. Según datos oficiales del Indec, en la primera mitad del año el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) registra una caída del 12,4%. La industria también sufrió un desplome y se encuentra técnicamente en recesión. Desde diciembre, se perdieron en el país 107.000 empleos formales.

En la provincia de Santa Fe, la situación no parece ser tan preocupante. En parte, porque el gobierno provincial mantuvo -y en algunos casos incrementó- la obra pública.

Aun así, en las últimas semanas se observa un aumento en la cantidad de empresas que han ingresado en lo que se denomina Proceso Preventivo de Crisis, tendiente a modificar las condiciones de trabajo de los empleados con el objetivo final de evitar despidos.

El ministro de Trabajo, Julio Genesini, acaba de advertir que los próximos tres meses determinarán si es posible torcer este proceso y regresar a un círculo virtuoso o, de lo contrario, ver cómo la desocupación se multiplica.

Frente a estas circunstancias, los desafíos son enormes. La situación dejada por el kirchnerismo fue verdaderamente desastrosa. Y el gobierno actual deberá reducir al máximo sus márgenes de error -de cálculo y de ejecución de políticas- para revertir cuanto antes esta afligente realidad.

La situación dejada por el kirchnerismo fue verdaderamente desastrosa.