Editorial

Por la libertad de prensa y expresión

• Macri firmará este martes la Declaración de Chapultepec, que establece pautas para el acceso y circulación de la información.

La tensión entre la prensa y el poder político no sólo es inevitable sino que, además, resulta saludable para las instituciones de una república y para la sociedad en general. Sin embargo, durante los últimos años se vivieron en la Argentina momentos verdaderamente críticos, a partir de un gobierno que se empeñó en atacar toda voz disidente y en imponer su relato a toda costa.

Este martes, el presidente Mauricio Macri firmará, ante una delegación conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la Declaración de Chapultepec,

un documento que establece 10 principios sobre libertad de expresión y de prensa que deben regir en toda sociedad democrática.

El documento surgió el 11 de marzo de 1994, gracias a los aportes realizados por líderes políticos, escritores, académicos, abogados constitucionalistas, directores de periódicos y ciudadanos de todo el continente americano.

Macri no es el primer presidente argentino en firmar la declaración. Carlos Menem la rubricó el 6 de junio de 1994. En septiembre de 1999 los candidatos a la presidencia Eduardo Duhalde y Domingo Cavallo endosaron el documento hemisférico. En esa misma fecha el aspirante a la vicepresidencia, Carlos Álvarez, la firmó en nombre del candidato presidencial Fernando de la Rúa.

Entre otros puntos, establece que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. Y que el ejercicio de esta libertad no es una concesión de las autoridades, sino un derecho inalienable de la comunidad.

Durante las gestiones kirchneristas, el gobierno se empeñó en abatir todo intento de voz disonante. Durante gran parte de este convulsionado período, lo logró con los partidos políticos opositores. Lo mismo trató de hacer con los medios de comunicación que no se resignaron al papel de meros reproductores del discurso oficial. Mientras tanto, destinó enormes sumas de dinero público para crear su propia red de medios.

En septiembre de 2015, Adepa denunció que el Estado argentino gastaba 12 millones de pesos por día en propaganda, lo que equivalía a lo que se destinaba por mes para cubrir 14.336 asignaciones universales por hijo o 3.140 jubilaciones mínimas. El listado de beneficiarios de estos fondos gubernamentales era encabezado por “grupos nacidos o criados al calor del dinero del Estado, escuálidos de audiencia pero anabolizados con ingentes partidas presupuestarias”.

Como estos medios “militantes” jamás lograron llegar a las audiencias masivas, el gobierno optó por aplicar otra metodología en su obsesión por transmitir un discurso único y unidireccional. Cristina Fernández, a través del recurso de la cadena nacional, decidió convertirse en la exclusiva transmisora del mensaje oficial, sin intermediarios, ni preguntas incómodas. Y además, sin costo, porque todos debían ceder espacios a la cadena.

Sobre Macri recae una enorme responsabilidad que no se agota en desarrollar una gestión transparente, brindando información fehaciente sobre los actos de gobierno y planteando un trato igualitario a los medios de comunicación.

Lo más importante será, sin dudas, restablecer la confianza y demostrar que, más allá de tensiones lógicas, en la Argentina es posible convivir dentro de un marco de tolerancia y respeto democrático.

Lo importante será restablecer la confianza y demostrar que es posible convivir dentro de un marco de tolerancia y respeto democrático.