editorial

Bonafini, la corrupción y el Estado de derecho

• La titular de Madres de Plaza de Mayo se negó el jueves a ser indagada por la causa Sueños Compartidos.

Cuando a mediados de abril el juez federal Claudio Bonadío citó a indagatoria a Cristina Fernández por la causa que investiga presuntas irregularidades en operaciones de dólar futuro, la ex presidente viajó desde el sur hasta Capital Federal, se trasladó a Tribunales, presentó un escrito y se negó a declarar.

Cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria a Hebe de Bonafini por la causa que investiga el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos, la titular de Madres de Plaza de Mayo se negó públicamente a presentarse, se escabulló de las fuerzas de seguridad y se mofó del magistrado.

En definitiva, si Hebe de Bonafini no estaba de acuerdo con el proceder de la Justicia, debió haber actuado de la misma manera en que lo hizo la ex presidente a la que ella tanto admira. Nadie está obligado a declarar en su contra. Pero sí a presentarse ante un magistrado que cuenta con elementos que ameritan una sospecha respecto de un probable ilícito.

Finalmente, se supo que el abogado de Bonafini solicitó que el juez la indague el lunes en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Lo sucedido durante la tarde del jueves se pareció demasiado a una tragicomedia. El problema es que, mientras Bonafini se resiste a respetar nada menos que el Estado de derecho, existen fuertes indicios de que, desde el programa Sueños Compartidos, se malversaron unos 200 millones de pesos provenientes de las arcas públicas.

En estas circunstancias, poco importa cuál sea la mirada que Bonafini tiene sobre el juez que la investiga o qué piensa del actual gobierno nacional. Lo que es imprescindible dilucidar, es qué sucedió con ese dinero aportado por cada uno de los contribuyentes argentinos.

El juez Martínez de Giorgi advirtió que no está investigando a la defensora de los derechos humanos, sino a la responsable de un programa que, con fondos públicos, debió haber construido viviendas que nunca se levantaron y que, mientras funcionó, privó a sus trabajadores de los aportes sociales establecidos por la ley.

El kirchnerismo dio una nueva muestra de lo poco trascendentes que le resultan los principios legales que sostienen a la República. El procesado ex vicepresidente Amado Boudou y los diputados Axel Kicillof, Teresa García, Juan Cabandié, Edgardo Depetri y Andrés Larroque, acompañaron a Hebe de Bonafini en esta pantomima de rebeldía.

Lo que por ahora no queda claro es si la titular de Madres de Plaza de Mayo se escuda en el kirchnerismo para no dar explicaciones sobre sus actos o si, en realidad, participa de esta puesta en escena para politizar una causa judicial que, como tantas otras, podría desembocar en ex funcionarios que formaron parte del equipo de gobierno de Cristina Fernández. Lo más probable es que se trate de una combinación de intereses mutuos.

En última instancia, son los ex funcionarios públicos quienes deberían dar explicaciones sobre el destino de estos fondos estatales obtenidos de los impuestos que pagan los contribuyentes. Tal como sucediera con el Movimiento Túpac Amaru de Milagro Sala, el anterior gobierno tercerizó la asistencia social en manos de dirigentes que mostraron total fidelidad política y sobre los que jamás existieron los controles públicos adecuados.

La corrupción -cometida durante cualquier gobierno- no puede quedar impune. Mucho menos, si quienes protagonizaron estos delitos no dudaron en bastardear desde el poder institucional las banderas de la lucha por los derechos humanos, antes pisoteados por gobiernos de facto.

El anterior gobierno tercerizó la asistencia social en manos de dirigentes que mostraron total fidelidad.