editorial

Lecciones

• La Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó la suba de tarifas domiciliarias de gas. El gobierno tiene ahora una nueva oportunidad.

En política nada es eterno. No lo son las mieles del triunfo, ni la popularidad. Pero tampoco la derrota o los momentos aciagos.

Esto es lo primero que deberá comprender Mauricio Macri, un presidente que llegó al poder contra los pronósticos de muchos y que significó, para gran parte de los argentinos, la llave que permitió abrir las puertas de la ilusión de un país donde el sentido común y las instituciones, prevalezcan por sobre los personalismos mesiánicos.

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los aumentos en las tarifas del gas natural, el presidente tiene ahora la posibilidad de reaccionar de manera inteligente y con los reflejos necesarios para convertir este verdadero cachetazo, en una oportunidad para elegir los caminos adecuados que permitan superar los inocultables problemas energéticos.

Más temprano que tarde, lo sucedido con las tarifas del gas terminará replicándose sobre el incremento de las tarifas de la energía eléctrica. El gobierno está a tiempo de evitar un tropiezo contra la misma piedra.

Lo mismo sucederá con el sector de las pequeñas y medianas empresas que quedaron fuera de los alcances del fallo de la Corte. Todo indica que también ellos se presentarán ante la Justicia para evitar los incrementos tarifarios desproporcionados.

En este sentido, será imprescindible que Macri reconozca los errores cometidos y actúe en consecuencia. Puede que haya sido el presidente quien, en definitiva, adoptó las decisiones que terminaron provocando pérdida de dinero, de tiempo y de capital político. Sin embargo, resulta innegable que hubo integrantes de su equipo cercano que no lo asesoraron de la manera más conveniente.

Más allá de la contingencia que representan los incrementos de tarifas, la crisis del sistema energético y el impacto causado por el fallo de la Corte; lo fundamental es que esta situación puso a prueba el funcionamiento de las instituciones de la República. Y, afortunadamente para todos, éstas cumplieron con su rol de manera independiente.

En ningún momento, el Ejecutivo denunció supuestas campañas desestabilizadoras por parte del Poder Judicial, ni intentó influir sobre la decisión de los integrantes del máximo tribunal.

Quizá no resulte fácil en estos momentos valorar de manera adecuada la importancia que esta situación reviste. Sin embargo, seguramente con el tiempo comenzará a comprenderse la importancia de la función que las instituciones cumplieron frente a un tema de impacto social, político y estratégico.

El gobierno ya fijó la fecha para realizar la audiencia pública en el proceso de aumentos tarifarios del gas. Es una clara muestra de que pudo haberlo hecho antes, sin que esto hubiese representado una crisis terminal para el país.

La Corte también reclamó al Congreso y al Poder Ejecutivo que avancen en la designación del defensor del Pueblo de la Nación. Un cargo que se encuentra vacante desde 2009 y que al kirchnerismo -siempre refractario a los controles institucionales- nunca le interesó cubrir.

Si el defensor del Pueblo hubiese estado en funciones, quizá habría actuado a tiempo para recomendarle al gobierno un cambio de rumbo en la aplicación del incremento de tarifas de gas y electricidad.

Una muestra más de que resulta imprescindible respetar las leyes y las instituciones de la República. Sólo así será posible avanzar en el sentido correcto, en la búsqueda de un país distinto.

Esta situación puso a prueba el funcionamiento de las instituciones de la República. Y, afortunadamente para todos, éstas cumplieron con su rol de manera independiente.