En la Justicia residual
Con indagatorias se reabrió la causa de los escribanos
- Dos empleadas de Catastro de la provincia comparecieron hoy ante el juez de Instrucción Darío Sánchez, sospechadas de formar parte de una banda dedicada a la adulteración de escrituras.
La maniobra delictiva necesariamente debía tener una pata dentro de la administración pública, además de la complicidad de escribanos y corredores inmobiliarios.
Foto: Mauricio Garín/Archivo
Juliano Salierno
El juez de Instrucción Darío Sánchez recibió hoy declaración indagatoria a dos empleadas del Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia, sospechadas de haber formado parte de una trama delictiva basada en la adulteración de escrituras de inmuebles para su comercialización.
El llamado de la Justicia -Sistema de Conclusión de Causas- se produjo en el marco de la reapertura de la denominada “causa de los escribanos”, en la que se investiga los presuntos delitos de “adulteración de instrumento público, estafa reiterada y asociación ilícita”.
Al menos una docena de personas podrían ser indagadas por los mismos delitos en los próximos días, entre ellos personal de Registro General de la Propiedad, escribanos y corredores inmobiliarios.
Procesamiento
La causa se inició el 21 de diciembre de 2011 a raíz de una denuncia penal por presuntas “alteraciones de asientos o fichas en el Registro de la Propiedad”, formulada por las autoridades de la Secretaría de Justicia de la provincia y la Dirección del Registro General de Santa Fe.
En ese entonces fueron imputados tres escribanos santafesinos que resultaron procesados el 7 de junio de 2012 como autores probables del delito de “falsificación de documento público reiterado” en 19 oportunidades.
Para el juez de Instrucción Primera, Jorge Pegassano, la maniobra consistía en “autorizar escrituras traslativas de dominio, donde los vendedores carecen de título, esto es que no existen las escrituras matrices que reflejen la adquisición de la propiedad que venden”.
Nulidad y foja cero
Pero el 25 de octubre de 2013 la Sala IV de la Cámara de Apelación en lo Penal -Jaquelina Balangione, Martha Feijoó y Roberto Reyes- declaró nulas las indagatorias y por ende el procesamiento que alcanzaba a los escribanos, por lo que la causa volvió a foja cero.
A partir de entonces, el voluminoso expediente -tiene 9 cuerpos- quedó a cargo del juez Sánchez y del fiscal Nº 6, Rubén Díaz. Éste último solicitó una serie de medidas de prueba, que junto a las disposiciones del juzgado hoy se materializan en los llamados a indagatoria.
Entre las solicitudes del Ministerio Público Fiscal cuentan la realización de pericias caligráficas y la remisión de copias al Poder Judicial de los sumarios administrativos iniciados en las dependencias públicas antes aludidas.
Blanqueo de inmuebles
Fuentes del caso señalaron que para concretar la maniobra delictiva hubo varias modalidades para cambiar al titular de los inmuebles y que las correcciones fueran tomadas en Catastro, lo cual permitía efectuar posteriores transferencias o blanqueo de inmuebles.
Desde la inclusión de asientos mellizos al reemplazo o modificación de fojas en los libros del Registro, la maniobra atribuida en un principio, únicamente a los escribanos, necesariamente debía tener una pata dentro de la administración pública.
Además, para que se completara la maniobra, la organización debía contar con corredores inmobiliarios o inmobiliarias que ofrecieran las propiedades que finalmente eran adquiridas de buena fe por terceros, que junto con los dueños originarios fueron los principales damnificados.
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