El oficialismo tiene su propio proyecto

Senadores del PJ insisten con la ley de narcomenudeo

La Cámara Alta ya fijó posición en favor de hacer provincial la persecución penal de los vendedores de drogas en pequeñas cantidades. Aprobó iniciativas similares en 2013 y 2014.

Luis Rodrigo

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Con unos 3,3 millones de habitantes y 361 localidades, Santa Fe cuenta sólo con 7 jueces federales y 6 fiscales federales para investigar y perseguir al narcotráfico. La Justicia santafesina, en cambio, cuenta con 42 jueces y con 112 fiscales. Y recientemente se aprobó una ley -en trámite muy veloz- que asegura la futura incorporación de otros 40 integrantes para el Ministerio Público de la Acusación.

Los números explican por qué en el Senado, donde están representadas pequeñas poblaciones del interior santafesino, abundan las intenciones de cambiar de esfera la persecución del narcomenudeo.

En 2013 y en 2014, la Cámara Alta aprobó proyectos de ley que no prosperaron en Diputados. El primero en sostener la provincialización fue Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) y luego Lisandro Enrico (UCR- General López). Ahora, se presenta un nuevo proyecto, de Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) para que Santa Fe adhiera a la Ley 26.052 de Desfederalización de Estupefacientes, tal como lo han hecho las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Chaco.

En discusión

En comisiones, están los proyectos de Enrico y Gramajo, y ambos tienen el apoyo de otros senadores de sus espacios políticos. Es evidente que no van a tener dificultades en unificarlos y en agregar esa competencia a la Justicia santafesina. El primero, bastante más extenso, plantea una serie de reformas y se presenta como un “plan integral de desbaratamiento de kioscos de drogas”. El segundo apunta al aspecto económico de la decisión, y si bien plantea afrontarlo con recursos de la provincia, el segundo artículo de la iniciativa sostiene que el Poder Ejecutivo Provincial requiera “las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de Justicia de acuerdo con lo previsto por el artículo 5to. de la Ley Nacional 26.052”, que promueve la provincialización.

Las iniciativas que sostienen que Santa Fe no puede ya insistir por el camino que no la ha llevado a ningún resultado recuerdan que la idea de la persecución federal del narcotráfico se apoya en una realidad diferente. La legislación vigente nace en la década del ‘80, para cuando era ínfima la población que consumía drogas y el fenómeno del narcotráfico era un asunto de menor cuantía respecto de otros delitos.

Lifschitz

Un dato es relevante: cuando el Senado trató este tema años atrás, mientras el gobernador Miguel Lifschitz era senador por Rosario, su posición fue refractaria a la idea de asumir esa responsabilidad para la Justicia santafesina.

En una oportunidad, el entonces senador -que para esos años era el único socialista en la Cámara- no estaba presente al momento de sancionarse la iniciativa de Rosconi, y luego, al aprobarse el proyecto de Enrico expuso las razones para pedir la abstención.