Por una puja de poderes

La Justicia de Faltas está paralizada

• Una resolución de la Corte firmada en agosto obligó a los fiscales del MPA a intervenir en casos de contravenciones. Un mes después, el fiscal general Julio de Olazábal, ordenó a sus funcionarios abstenerse de tomar parte.

Juliano Salierno

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Una resolución de la Corte Suprema de Justicia local puso en jaque la aplicación del Código de Faltas de la provincia, luego de que determinara que fueran los fiscales del Ministerio Público de la Acusación los encargados de intervenir en el proceso. La decisión ocurrió en el marco de una causa judicial iniciada en los tribunales de Vera y derivó en la redacción de una Instrucción General por parte del fiscal general Julio de Olazábal, en la que se ordena a los funcionarios del MPA mantener distancia del tema.

Los rechazos de los fiscales del nuevo sistema comenzaron a llegar por escrito el mes pasado a los diferentes juzgados de Faltas santafesinos, que acumulan parvas de sumarios que desde hace más de dos meses se encuentran paralizados, sin poder hallar quién los tramite.

El descalabro ocurrió el 22 de agosto último, cuando los ministros de la Corte (Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y Eduardo Spuler) se expidieron en la causa judicial Nº 21-510695-5, conocida en los pasillos de tribunales como el “caso Pighín”.

Allí se discute la intervención que el juez de Faltas le dio al fiscal en turno del distrito judicial Nº 13 con sede en Vera, para evitar la nulificación de actos procesales en el marco de una investigación por presunto juego clandestino.

Los rechazos

El fiscal en cuestión rechazó el llamado, conforme instrucción general de la Procuración de la Corte del 30 de agosto de 2010, en la cual se declara su incompetencia “para dictaminar en materia de faltas por no revestir el carácter de parte en dicho proceso”.

Ante la negativa, el mismo juez giró las actuaciones a los fiscales del MPA que también rechazaron su participación, argumentando que “el Ministerio Público de la Acusación no interviene en asuntos de índole extra-penal”.

La divergencia surgida entonces obligó a la Corte a analizar la cuestión, ordenando la mencionada carga pública a los funcionarios del MPA; asimismo se exhortó a los demás poderes del Estado para “la urgente y necesaria adecuación de la normativa vigente en materia de faltas provinciales”.

A partir de ese momento los sumarios producto de contravenciones que llegaban a los Juzgados de Faltas de la provincial comenzaron a amontonarse en las fiscalías, hasta que el 20 de septiembre el fiscal general Julio de Olazábal se despachó con la Instrucción General Nº 7, mediante la cual ordenó a todos los fiscales que “tomen intervención, al único efecto de señalar que por respeto a la Constitución y la ley no pueden asumir el carácter de parte en el actual proceso de faltas”.

Derechos y ciudadanos

En el caso de Santa Fe por ejemplo, el Juzgado de Faltas se encuentra vacante desde el 10 de febrero de 2014, cuando dejó de ejercer el cargo el ex juez Héctor Valli, quien se jubiló el mismo día que entró en vigencia el nuevo sistema penal.

Desde entonces, unas 1.500 causas que se generan anualmente en el único Juzgado de Faltas de la capital, se reparten en turnos de 15 días corridos entre los dos jueces correccionales en actividad y cinco de Instrucción que quedaron en el sistema conclusional o residual.

La ley Nº 10.703 que sanciona el Código de Faltas de la provincia, y sus modificaciones, prevé un sinnúmero de situaciones de la vida cotidiana en la que se disputan derechos e intereses de los vecinos.

Agresiones físicas sin lesiones; la portación de un arma blanca u objeto contundente; una treintena de conductas típicas reguladas dentro de una cancha de fútbol u otro espectáculo deportivo y en sus inmediaciones; conflictos de vecinos; casos de ebriedad; juego clandestino; disturbios en la vía pública; violación de clausuras municipales o judiciales, entre otras, dejarán de ser perseguidas de ahora en más por el simple efecto de la puja de poderes. Y hasta que no diriman cuál es la autoridad competente, se seguirán amontonando papeles en los distintos despachos dejando una vez más sin posibilidad de respuestas a los ciudadanos.