editorial

Más penas para los que matan al volante

• La Argentina comienza a ponerse a tono con los países en los que se obtuvieron los mejores resultados en materia de seguridad vial.

Es cierto que los cambios no pueden producirse de un día para el otro. Sin embargo, a esta altura de las circunstancias cuesta comprender por qué el Congreso de la Nación demoró nada menos que doce años en tomar la decisión de agravar las penas para aquellos que matan al volante de manera desaprensiva.

Ése es el tiempo transcurrido desde que las Madres del Dolor -unidas por la congoja de haber perdido a sus hijos en accidentes de tránsito- comenzaron a bregar por un endurecimiento de las penas. Sobre todo, para aquellos que conducen alcoholizados o quienes luego de provocar el siniestro huyen, dejando abandonadas a las víctimas.

Luego de aprobar el controvertido proyecto de Ganancias, y cuando algunos temían que los diputados ya no regresaran a sus bancas, la Cámara Baja terminó dándole el aval a una ley que seguramente implicará cambios profundos para una problemática que cada año genera alrededor de 7.000 muertes en la Argentina y es la primera causa de fallecimientos entre los más jóvenes.

Si bien resta esperar que el Poder Ejecutivo reglamente la ley, el Congreso endureció las sanciones para aquellos conductores que manejen alcoholizados -más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre-, drogados o superando en 30 o más kilómetros por hora las velocidades máximas permitidas. También considera un agravante abandonar a las víctimas en la calle.

Hasta ahora, cuando los conductores huían del lugar del siniestro pero la víctima se encontraba acompañada, el caso no era considerado “abandono de persona”. A partir de las modificaciones legales, para determinar la existencia de este delito se analizará sólo la conducta del conductor del vehículo. No importa que el damnificado esté o no acompañado. Si el que choca abandona la escena sin prestar ayuda, habrá abandonado a la víctima y esto será considerado un agravante.

Las evidencias son irrefutables. Si bien muchos consideran que la educación representa un aspecto clave para mejorar las conductas viales, lo cierto es que en otros países fue el endurecimiento de las penas lo que terminó transformando drásticamente la trágica cuenta de muertos en accidentes.

El ejemplo más claro quizá sea España, donde fue posible reducir un 79% el número de muertos por siniestros en el tránsito entre 1990 y 2012. Pero no es el único caso: en Suecia, los fallecimientos se redujeron el 63%; en Holanda, el 59% y en Estados Unidos, el 25%. Durante el mismo período, en la Argentina los índices no sólo no disminuyeron, sino que se incrementaron levemente.

Los más afectados por lo que sucede en el país son los jóvenes. Según estadísticas elaboradas por la Asociación Luchemos por la Vida, el 54% de las muertes es de personas que tienen menos de 35 años.

Y nadie está a salvo de morir en un accidente de tránsito. Tanto es así, que los datos de 2016 revelan que el 22% de las víctimas fue de peatones; el 32%, de conductores u ocupantes de automóviles; el 6%, de ciclistas y el 39%, de motociclistas. Además, los siniestros fatales se dan tanto en áreas urbanas (51% de los muertos), como en zonas rurales (49%).

Uno de los principales factores que inciden en este fenómeno surge del consumo de alcohol. Por este motivo, algunas organizaciones venían bregando desde hacía tantos años para que en la Argentina se aprobaran leyes para agravar las penas o para prohibir la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los conductores.

Ahora, la Argentina comienza a ponerse a tono con los países donde se obtuvieron los mejores resultados en materia de seguridad vial. Se trata de un avance indispensable. Sobre todo, en un país donde cada día, 25 personas pierden sus vidas en las calles.