editorial

• Las nuevas tecnologías dejan sin mayor argumento a los que hoy hacen piquetes, sobre todo de manera sistemática.

Así en las calles como en las redes

Los piquetes nacieron a la vida contemporánea de la Argentina 1996, cuando trabajadores de Cutral Co cortaron la ruta para llamar la atención de los medios masivos de comunicación y hacer oír su drama en la lejana Casa Rosada. En pocos años, las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación han permitido a casi todos los sectores sociales, de cualquier región del país, visibilizar su situación.

Personas y organizaciones tienen en un tuit, un video de youtube o un contenido subido a facebook una herramienta poderosa. Para quien administra el poder, hoy es más difícil ocultar dolencias, delitos o injusticias de cualquier tipo. El funcionario está obligado a explicar sus conductas, a exhibir documentos que lo avalen, a fundamentar decisiones cuando pospone a unos en procura de un bien común o superior.

Las nuevas tecnologías pueden enriquecer la experiencia democrática, pero no alteran el precepto de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y dejan sin mayor argumento a los que hoy hacen piquetes, sobre todo de manera sistemática.

En julio de 2006, la Cancillería del gobierno kirchnerista le dio al corte del puente internacional Gualeguaychú-Fray Bentos, en un documento público, un estatus superior al de las leyes, la Constitución y los tratados internacionales. En una carta al gobierno de Uruguay se justificaban los piquetes para garantizar el “derecho a la manifestación”.

En mayo de 2008, Luis D'Elía encabezó un grupo de adherentes paraoficialistas que agredió a manifestantes contra el gobierno en la Plaza de los Dos Congresos. Quedó claro entonces que el piquete -la calle- no era para el derecho a la expresión, sino propiedad del gobierno de turno y herramienta de un relato excluyente.

Hoy, el gobierno nacional es de otro signo político. Los que antes ostentaban el poder o habitaban su periferia, ahora impiden la circulación y violan el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 14 de la Constitución Nacional.

No les interesan los derechos humanos, tampoco la República. No pueden justificar en los piquetes la necesidad de hacer visible un derecho postergado. Todo lo que quieren es debilitar al poder instituido, porque el que resultó electo no les gusta, o apostar a obtener credibilidad sembrando el caos, impidiendo el tránsito, complicando la vida cotidiana.

Así en la calle como en las redes sociales, el desarrollo con equidad necesita del libre tránsito y de un compromiso con la verdad. El desafío del Ejecutivo de turno es ejercer el poder, garantizando libertades sin criminalizar dolencias sociales. El de la Justicia es aplicar las normas para prevenir y castigar el delito, y el del Estado es contar con fuerzas de orden público que ejerzan con aptitud sus obligaciones de preservar la vida y la vía pública. La cultura política y social de la Argentina debe volver a la mutua concesión del libre tránsito de personas e ideas.

La cultura política y social de la Argentina debe volver a la mutua concesión del libre tránsito de personas e ideas.