Objeta gastos estimados en $ 305,2 millones

Enress: duro informe sobre la ineficiencia de Aguas

Luis Rodrigo

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La resolución del Enress que analiza el pedido de aumento de tarifas de Aguas Santafesinas SA contiene varios aspectos interesantes, más allá de que su parte resolutiva no recomiende un porcentaje determinado.

Se sabe que la empresa pidió un aumento que suma el 89% y que el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios objetó $ 305,2 millones del total del déficit que la empresa plantea cubrir con las tarifas (al menos en parte).

En esa cifra hay dos elementos relevantes según las casi 40 páginas de la resolución del ente regulador. La primera es que más de un tercio corresponde a los gastos operativos y de mantenimiento de los acueductos que transportan agua ya potabilizada a poblaciones del centro, en un caso, y del norte santafesino, en otro. No son localidades dentro del área de la concesión de Assa, con lo que esos gastos son propios del Estado provincial y deberían poder diferenciarse ante el nuevo paradigma que intenta eliminar subsidios (que no llegan fuera de la concesión de Aguas).

El segundo dato fuerte mide 97,2 millones de pesos y es lo que el Enress calcula que la empresa ha exagerado a la hora de estimar el rubro llamado “Amortización de bienes”.

Legalismo extremo

¿Qué implica amortizar un bien? Que lo que se cobra por el servicio que con este bien se presta permita luego volver a comprarlo. Un taxi, por ejemplo, cuenta con una tarifa que debe cubrir (al menos en teoría) los costos de su funcionamiento, combustible, sueldos, impuestos y también el recambio del coche.

Assa ha hecho los cálculos para la amortización de sus bienes de un modo que -cuanto menos- puede calificarse como de un legalismo extremo. Redujo el período de amortización a sólo su período de concesión, como si fuera la empresa de un particular (no una compañía cuyas acciones son todas del Estado).

Como su concesión vence en 2025 cada máquina, cada equipo, cada bien en uso, cada obra, se amortiza en los pocos años que restan para esa fecha: lo normal en agua y saneamiento es hacer cálculos mucho más extensos, como mínimo de medio siglo. Y las concesiones (aun las pésimas de los años ‘90) se hicieron por 99 años.

Es verdad que un taxista puede no volver a obtener su licencia y por lo tanto tiene que cuidar su capital (el auto), pero con el agua potable no ocurre los mismo... Cabe suponer que en 2026 habrá una empresa que preste el servicio. En el 25 no se termina el mundo.

Trabajos tercerizados

En esos 97,2 millones pueden ocultarse otros déficits operativos, que el Enress sugiere o directamente señala. Observa con puntos y comas los trabajos que se han tercerizado (cuando la planta de personal no es precisamente chica) y señala que se trata de tareas centrales para la prestación, tanto en tareas en redes como en la gestión de cobranza.

Y otro aspecto que desliza -sin poner el acento- tiene que ver con el costo laboral: en los considerandos el Directorio del Enress sostiene que “el prestador no acredita plenamente que sus costos sean el resultado de prácticas empresarias destinadas a lograr niveles adecuados y progresivos de eficiencia”. Y sigue: “Como ejemplo, no queda demostrado que sea más eficiente recurrir para algunas actividades a la prestación por terceros, siendo que tiene una estructura de personal que le permitiría, a priori, encarar las prestaciones a su cargo”.

Menciona que el defensor del Pueblo Raúl Lamberto manifestó su desacuerdo con los gastos por la contratación de terceros y que reclamó pautas de gradualismo.

Agua perdida

“El caso más emblemático de las deficiencias estructurales que repercuten directamente en los niveles de operación lo constituye el elevado porcentaje de agua no contabilizada, que surge de los sucesivos Informes Anuales de la empresa que, si bien requieren de un abordaje múltiple (inversión en renovación y rehabilitación de redes, micro y macromedición, etc.) constituyen una de las principales causas de ineficiencia”. Y advierte “la presentación no plantea propuestas concretas a esos efectos”.

Afirma que “en las audiencias públicas se pudieron percibir manifestaciones críticas de la situación general del servicio en general y de la presión del agua en particular, de la gestión ineficiente de la empresa, como así también el cuestionamiento a determinados rubros de los costos y de los planes de inversión”.

Y menciona que “entre estas voces” hubo “un rechazo contundente a la pretensión del aumento de tarifas por su impacto en el presupuesto de los ciudadanos”. Y agrega que participantes propusieron aumentos de menor cuantía, vinculados por ejemplo a la evolución salarial.

Lo que dicen las áreas técnicas

• El Enress cuenta con un directorio cuya designación es idéntica a la de un juez o un fiscal, por cuatro años: los propone el Ejecutivo y los vota el Legislativo. Pero bajo esa conducción se encuentra una planta de personal muy especializada, que se divide en gerencias. Cada una, antes de la resolución del Ente sobre las tarifas realizó su informe, que (en parte) cita la resolución.

La Gerencia de Operación e Infraestructura del Servicio observó que bastaría con un aumento del 41% para adecuar los gastos por operar el servicio para 2017.

La Gerencia de Control de Calidad, como conclusión general, dice que “el incremento de los gastos operativos proyectados para 2017 se sustenta en premisas en gran parte incomprobables en esta instancia y que además parecieran no guardar relación alguna con las pautas presupuestarias nacionales y provinciales”.

La Gerencia de Administración sostiene que “no parecen tener sustento algunos gastos de mantenimiento externo” en redes, limpieza de cloacas, mantenimiento de plantas elevadoras, servicios de vallado y balizado. Y lo mismo respecto de los servicios tercerizados en operación de plantas, servicios eventuales, lectura de medidores, servicios varios para la gestión comercial, corte y reconexiones del servicio.

Además, señala “la evolución” de los gastos por honorarios y servicios de consultorías técnicas y legales, servicios técnicos profesionales y de administración, encuestas comerciales y gastos judiciales.

La Gerencia de Atención al Usuario cita el fallo de la Corte Suprema Nacional (sobre el tarifazo de gas y energía) y expresa que es necesario un criterio de mayor gradualidad, respecto del aumento que pide Assa. Y de paso recuerda que desde 2008 la tarifa “se ha ido ajustando progresivamente en porcentajes que superan el incremento sufrido por los precios y valores que componen los costos”.

La Gerencia de Análisis Económico y Financiero, en una extensa exposición,

recuerda que la empresa estima que el rubro Sueldos y Cargas Sociales representa el 53% de los gastos totales, “lo que llevó a realizar un análisis sobre la evolución de la dotación de personal desde el año 2016”.

Y sigue: “A partir de 2007 no existen en la estructura de cargos personal en los niveles 1 y 2 (auxiliares, obreros y subalternos)”, es decir, la base de la pirámide salarial, ya que por un acuerdo con el gremio todos los ingresantes pasan directamente al nivel 3 al llegar a la empresa. En total, en 2016, los salarios sumaron 817,7 millones.

La Gerencia de Asuntos Legales opina que lo “apropiado es trasladar a las tarifas sólo aquellos costos que se considere que inciden sobre un costo razonable de explotación del servicio”. También destaca que la micromedición y la renovación y rehabilitación de redes debe realizarse con aportes que resulten razonables para los niveles tarifarios y recuerda los criterios que siguió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ante el tarifazo nacional).