LA POLÍTICA EN FOCO

La ruta del tentempié

Emerio Agretti

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“... Todo el tiempo vivo en éxtasis/una forma de amor/un remedio de ser feliz”. (*)

La doble tragedia de Arroyo Seco, con la muerte de dos chicos por efecto del consumo de sustancias tóxicas durante la fiesta electrónica desarrollada en un boliche de esa localidad, movilizó al gobierno para desarrollar una estrategia conjunta que permita establecer controles más efectivos y, en lo posible, anticiparse a desenlaces de este tipo.

Si bien la secuencia (muerte-reacción-prevención) obedece al habitual orden de factores, la situación aquí es bastante más compleja, e involucra cuestiones culturales, hábitos sociales, vicios empresariales y desempeño de las autoridades administrativas. Pero también -y aunque indirectamente- cuestiones institucionalmente más de fondo, que tienen que ver con el propio funcionamiento del Estado.

Se ha cuestionado la demonización de este tipo de eventos, a los que vulgarmente se asocia con la circulación de drogas de diseño, con el argumento de que las sustancias tóxicas también se distribuyen en otros ámbitos y que no existe una correlación necesaria. Esto es cierto, como también que seguramente la gran mayoría que quienes optan por este tipo de diversión, no necesariamente la completan con la ingesta de estupefacientes. Pero también que existe aval científico para la idea de que, por su modalidad, las fiestas electrónicas constituyen un ambiente propicio para el consumo. La desconexión sensorial del mundo exterior, el aumento de la sensibilidad para entender este tipo de música, la posibilidad de aguantar muchas más horas despierto y la aparente inocuidad del producto -no provoca descontrol ni violencia- establecen ese vínculo que resulta necio ignorar.

Esa cuestión cultural que, como tal, tiene sus tiempos y procesos, y resulta difícil contrarrestar con mera vigilancia, se potencia con la capacidad de mutación de las convocatorias que, redes sociales mediante, decantan fácilmente en reuniones clandestinas en lugares apartados. Pero se agravan a un nivel criminal a partir de la premura propia de los negocios inescrupulosos: sobreventa de entradas, acumulación de personas, especulación con la provisión de agua. Y aquí sí es donde el Estado tiene que asumir un rol activo.

La situación es que, ante el rigor regulatorio o de controles, las fiestas se “corren” a localidades donde éstos existan en menor medida; sobre todo en los casos en que se cuenta con la indolencia o la permisividad de la policía local. Cuestiones que se plantearon en la megarreunión de esta semana en Casa de Gobierno, y que esperan ser abordadas mediante una regulación común de la actividad nocturna, que contemple protocolos de seguridad y medidas de prevención.

Ése es el texto que el Poder Ejecutivo enviará el mes que viene a la Legislatura, para su consideración en extraordinarias. Pero la cuestión -al menos en lo que hace a procurar prevenir mediante sanciones disuasivas a los empresarios- se topa con otro escollo legal: la virtual inoperancia del Código de Faltas, cuyo procedimiento fue declarado inconstitucional por la Corte, en la medida en que sigue atado al viejo sistema inquisitivo, y no al acusatorio que rigen en el sistema penal. Es otra reforma demorada por desacuerdos en la Legislatura, que el gobierno espera activar en los próximos meses, y cuya trascendencia quedó de manifiesto a la luz de los recientes acontecimientos.

Prevención, controles, coordinación, sanciones, normas. Un cúmulo de desafíos que interpelan de manera directa al poder político, y que se agregaron casi a la fuerza a la agenda de debate veraniego y preelectoral. Pero que son apenas el extremo emergente de un abordaje que atañe a toda la sociedad.

(*) De una canción de Charly García.