editorial

  • Santa Fe y Córdoba trabajarán en forma conjunta para mitigar los daños generados por las precipitaciones extraordinarias.

Dos gobernadores y una buena señal

Cuatro millones de hectáreas bajo agua, historias desgarradoras de productores devastados, extraordinarias pérdidas económicas y un futuro plagado de incertidumbre. De esta manera pueden describirse las consecuencias del desastre generado por las lluvias en gran parte de la provincia de Santa Fe durante los primeros días de este año.

El impacto que provocó este fenómeno superó todas las estimaciones previas. En parte, porque no se esperaba este nivel de precipitaciones, ya que durante la segunda mitad del año pasado, los especialistas adelantaban para el verano una “Niña débil” para esta región de Sudamérica.

Pero otros factores contribuyeron a agravar la situación: entre ellos, la falta de una infraestructura adecuada que permitiera mitigar las consecuencias del fenómeno y la construcción de canales clandestinos en zonas rurales de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

A estas alturas de las circunstancias, se podrían realizar fuertes críticas a los últimos gobiernos debido a la falta de políticas ambientales y en materia de infraestructura que, seguramente, hubiesen permitido atemperar el impacto de las lluvias. Sin embargo, los reproches no contribuirían demasiado a solucionar los problemas del presente y a generar otra mirada de cara al futuro.

Lo importante, en todo caso, es aprender de los errores cometidos. Y en este sentido, los gobernadores Miguel Lifschitz y Juan Schiaretti acaban de dar un paso alentador: se reunieron en la ciudad de Santa Fe y acordaron que técnicos de ambas provincias realizarán un trabajo coordinado de control, para detectar la presencia de estos canales clandestinos que tantos problemas ocasionaron.

Durante el último año y medio, la Policía Ambiental de Córdoba detectó 650 obras hídricas realizadas sin autorización. El nuevo secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni, reconoció que el mismo problema se produce en territorio santafesino.

Pero eso no fue todo. Además, ambos mandatarios decidieron conformar el comité interjurisdiccional para trabajar en la zona que en Santa Fe se conoce como “Cuenca del Vila - Cululú” y que en Córdoba denominan “Cuenca Noreste”. También se produjeron avances en la búsqueda de criterios comunes sobre el uso productivo del suelo, para el trabajo conjunto de organizaciones de la producción y para abordar los problemas estructurales que impactan negativamente frente a lluvias extraordinarias.

Los fenómenos de la naturaleza no respetan límites interprovinciales. Si se sigue trabajando de manera descoordinada, lo único que estará asegurado es el fracaso.

Las evidencias sobre esta amenaza latente son categóricas. Durante tres años consecutivos -2014, 2015 y 2016- se batieron récords históricos de temperatura a escala planetaria. En algunas regiones, el fenómeno produce sequías extraordinarias. En otras, en cambio, las lluvias generan graves inundaciones.

Según informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), en lo que va del siglo XXI los récords históricos (desde 1880, cuando comenzaron a llevarse registros confiables) se produjeron en 2005, 2010, 2014, 2015 y 2016.

Hace tan sólo cinco meses, el Banco Mundial elaboró un informe donde se advertía que “las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza a la Argentina, y representan el 60% de los desastres naturales y el 95% de los daños económicos”.

Los problemas se reiterarán. Lo importante, es estar lo mejor preparados para mitigar sus efectos. El desafío exige respuestas inteligentes y globales. Por ese motivo, el hecho de que provincias como Córdoba y Santa Fe hayan resuelto fijar políticas consensuadas representa una señal alentadora.