Inundaciones, permeabilidad del suelo, monocultivos y falta de regulaciones estatales

De la redacción de El Litoral

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Un duro documento público y el compromiso de alzar la voz frente al “impacto de un modelo productivo que empieza a evidenciar sus límites”, en el marco de un encuentro cuyo tema central fueron las inundaciones, son los puntos centrales de la jornada de trabajo que ayer se desarrolló en Santa Fe y reunió a siete defensores del pueblo provinciales y regionales.

El texto que firmaron al cabo de la reunión dice -entre otras conclusiones- que se debe “concebir al suelo como un recurso natural que debe ser declarado como un activo esencial y por ende protegido con intervención de las autoridades estatales respecto de su uso racional y sustentable”.

Del mismo modo, destaca que “los temas abordados (en la jornada) tienen relevancia en un eje que los integra y que se vincula con la temática específica de las Defensorías del Pueblo: la población (rural y urbana) afectada por los últimos eventos climáticos y el impacto de un modelo productivo que empieza a evidenciar sus límites”, dice el texto.

A las provincias

El documento propone a los gobiernos de las provincias de la Región Centro “la elaboración consensuada de una planificación productiva a través de un diálogo intersectorial, que integre la mirada pública-privada y que contemple una mirada de desarrollo sostenible social y ambientalmente”.

También, que “los equipos profesionales de mediadores de las Defensorías colaboren como facilitadores de la palabra para el trabajo de los puntos propuestos en este documento, a fin de generar espacios de abordaje de los conflictos comunes desde la construcción del diálogo cooperativo”.

Por otra parte, a las autoridades provinciales les recomienda “la elaboración de políticas hídricas integrales y acordes a la situación que atraviesa cada región”, así como “incorporar como agenda de trabajo el impacto hídrico y socio ambiental que afecta a las ciudades atravesadas por ríos y otros cursos de agua”.

Además de proponer una serie de acciones vinculadas al monitoreo de políticas en materia de obras públicas, uso del suelo en el ámbito rural, la planificación en el desarrollo urbano y de reclamar más coordinación entre las autoridades provinciales para el manejo de las distintas cuencas, el documento compromete a los firmantes a “controlar desde el Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro y desde las Defensorías del Pueblo de las provincias vecinas, el cumplimiento en las distintas jurisdicciones de toda normativa vigente que regule la gestión integral de los recursos hídricos y ambientales”.

Detalles

Los defensores del Pueblo de las provincias de Santa Fe, Raúl Lamberto; de Córdoba, su adjunto, Hugo Pozzi; de Paraná, Luis Garay; de Río Cuarto, Ismael Rins; de Santiago del Estero, Lionel Enrique Suárez; de Jujuy, Javier De Bedia; y en representación de la provincia de Buenos Aires, su secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jorge Ruesga, participaron del encuentro.

Llevaron adelante reuniones de trabajo a los fines de debatir, con el aporte técnico de prestigiosos expertos “las consecuencias ocasionadas por las inundaciones desde la óptica de los siguientes ejes: a) escurrimientos pluviales, b) rutas interprovinciales y c) medio ambiente y producción”.

Con el ombudsman santafesino, Raúl Lamberto, como anfitrión, los participantes recomendaron, entre otros puntos, la creación de un Ente de Monitoreo de las Cuencas Interjurisdiccionales de manera de alertar a la población sobre posibles inundaciones y pedir la ejecución inmediata de toda obra que resulte esencial para evitar inundaciones en cascos urbanos y en zonas rurales.

Bajo el paradigma de la Agenda 2030

La jornada de trabajo organizada por las Defensorías del Pueblo de la Región Centro se desarrolló bajo el paradigma de la llamada Agenda 2030 de Naciones Unidas que “implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

“Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia”, temáticas que se vinculan directamente con los objetivos y misiones de las Defensorías del Pueblo, dice el comunicado emitido hoy.

Por otra parte, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada del 17 al 20 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador, con la participación de las Defensorías del Pueblo de toda Iberoamérica representadas por FIO (y en su contexto, las argentinas por Adpra), los gobiernos locales y subnacionales, parlamentarios, sociedad civil, personas indígenas y comunidades locales, sector privado, profesionistas y practicantes, comunidad científica y académica, y otros actores relevantes, para adoptar la Nueva Agenda Urbana, se firmó la “Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos” en la que se realiza una serie de compromisos sumamente relevantes, vinculados con las problemáticas abordadas.