De los diputados

El abordaje de conflictos en establecimientos escolares

Alicia Gutiérrez presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, estableciendo las bases para la promoción de la convivencia, el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas y los procedimientos que deben llevarse adelante, por parte de personal docente y no docente, frente a situaciones emergentes en el ámbito escolar.

“Cotidianamente vemos que en las instituciones educativas se viven situaciones complejas que demandan políticas e iniciativas que permitan prevenir y abordar tales acontecimientos, y que pongan el eje en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como así también de los docentes, auxiliares y demás adultos que forman parte de estos establecimientos”, explicó.

El proyecto denomina “conflictiva” a toda aquella situación que implique una amenaza o lesión a la integridad física o psíquica de un niño, niña o adolescente, ya sea que se produzca o no dentro del ámbito escolar. Para el abordaje de cada una de ellas, que se encuentran tipificadas como violencia familiar, maltrato infantil, abuso sexual, violencia en el ámbito escolar, explotación laboral y trata de menores se establecen distintos procedimientos que permiten resguardar y asistir a las víctimas.

“Se trata de brindar a los docentes herramientas específicas para poder responder ante estas situaciones y que están orientadas a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la singularidad de cada hecho y fomentando el diálogo y la reflexión entre los distintos actores de la comunidad educativa”, sostuvo.

Entre los derechos y deberes mencionados, se destaca la obligación de los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y de todo agente o funcionario público de cualquiera de los tres poderes, como así también de toda persona, de denunciar ante la autoridad competente cualquier tipo de amenaza o vulneración de derechos de una niña, niño o adolescentes. Como así también el deber de los funcionarios públicos de recepcionar todas las denuncias que se presenten. Propone la creación, en el marco del Ministerio de Educación, de equipos socioeducativos para cada delegación regional, compuestos por profesionales de diferentes áreas que posibiliten un enfoque integral e interdisciplinario para la resolución no violenta de los conflictos, a través del diálogo y la reflexión, en un marco de participación de todos los actores de la comunidad educativa.