Debaten la nueva ley de defensa de la competencia
Macri no quiere empresas que manejen precios a su antojo
- Tienen posición dominante y condicionan al mercado con conductas “cartelizadas”. La normativa vigente lo “prohíbe”, pero las multas son más baratas que la ganancia que obtienen violando el interés general.
El presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, sugirió que Guillermo Moreno abría expedientes que no resolvía... “para negociar otras cosas con las empresas”. Foto: Prensa HCDN
Redacción de El Litoral
Télam/DyN
Los fideos, las maquinitas de afeitar, las latas de conserva, las toallitas femeninas, la tarjeta de crédito con la que se paga la compra. Hay un universo de cartelización que afecta al consumo y a los precios en la Argentina, lo que alimenta la especulación financiera y la inflación. Pero... ¿qué es un cártel?
La Real Academia Española lo define en primer término como “organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas”. Éste no es el caso. También lo define como “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”. O comercial, se puede añadir.
Los ejemplos son buenos para entender. Prisma, la dueña en el país de las licencias de tarjetas Visa y Banelco, tuvo que acercar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) “un plan de desinversión”, tras la embestida oficial por el cobro de comisiones que encarecen las operaciones con dinero “plástico” en el país, por lo que la Casa Rosada considera un “abuso” en su posición dominante.
De la misma manera, el gobierno de Mauricio Macri está particularmente molesto con grandes grupos económicos que no le “aflojaron” al ritmo inflacionario. Está revisando los pedidos de fusión de cervecerías grandes, como la fabricante de Quilmes con la de Isenbeck, o de fideos (Molinos, dueña de Luchetti, Terrabusi, Matarazzo, compró a Mondelez marcas como Terrabusi, Canale, Don Felipe y Vizzolini).
Los acuerdos entre grandes para cobrar mayores precios porque no hay más competencia, o menores precios para quebrantar Pymes que ofrecen en el mismo mercado, son un problema. Y en los últimos años ese problema era afrontado por funcionarios como Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior, que manejaba las cosas con discrecionalidad, destacada verborragia y eficacia sospechosa.
Ayer el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, aseguró que recién a partir de 2016 la defensa de la competencia pasó a ser una “política relevante” en materia de gobierno, al exponer ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el que comenzaron a analizar un proyecto que actualiza la legislación en la materia.
El funcionario habló ante los legisladores de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda. Para destacar: el plenario de comisiones no contó con el quórum.
“Hoy las multas son muy bajas y en muchos casos a las empresas les conviene pagarlas”, explicó el funcionario sobre lo que sucede. “Cuando asumimos encontramos muchos expedientes abiertos, pero ninguno resuelto; en algo que parecía hecho a propósito, como para poder utilizar esa herramienta para negociar otras cosas con las empresas”.
Consultado sobre las áreas en las que está trabajando la comisión, mencionó a “lácteos, carnes, aceite, jabón de ropa, acero, petroquímica, transporte interurbano y medicamentos”, entre otros.
Ley de Góndolas
El massista Marco Lavagna insistió con la postura de su bloque en cuanto a la necesidad de que se establezca una “ley de góndolas”. Pidió mayor control sobre situaciones de poca competencia que se puedan dar en supermercados, telefonía móvil y estaciones de servicio.
Liliana Schwindt, también massista y presidenta de la comisión parlamentaria, se encargó de remarcar que el proyecto oficial “puede llegar a ser favorable en un futuro, pero no soluciona el problema”. “Se necesita ahora una ‘ley de góndolas’ para que un productor o comerciante de alimentos no tenga más del 40 % de presencia en góndola”, explicó.
Qué se propone
- El proyecto con el que se trabaja en las comisiones está elaborado en base a iniciativas de los oficialistas Negri (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica) y cuenta con el apoyo del gobierno nacional.
- Prohibiciones. La norma sanciona la posición dominante en el mercado, la concentración y fusión de empresas según su escala. También prohíbe actos o conductas que influyan negativamente en el mercado.
- Autoridad. Se crea la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo, con un Tribunal de Defensa de la Competencia, una Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y una Secretaría de Concentraciones Económicas.
- Sanciones. Hoy las multas son “baratas” (hasta $ 150 millones) y muchas empresas las pagan porque el beneficio es grande. La nueva norma promueve el cese de los actos o conductas que impliquen acuerdos prohibidos o abuso de posición dominante; y multas, según tres criterios: el doble del beneficio ilícito, el 30 % del volumen de negocios en los mercados afectados o hasta 200 millones de Unidades Móviles (hoy $ 3.000 millones).
- Clemencia. Es un programa que exime de sanción al primer integrante de un cártel que aporte las pruebas necesarias para detectarlo y sancionarlo; y reduce la multa entre el 20 % y el 50 % para algún otro miembro que aporte una prueba adicional.
El Litoral es miembro de:
En Asociación con:
