En 2017 sumará el 70,3%, por cuatro subas acumulativas
Fuertes críticas el aumento del agua
- El defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, advirtió que no es una cifra razonable. Además, hubo quejas de entidades de consumidores, legisladores y de un director del Enress (en minoría).
Junín, casi San Luis. El 24 de enero hubo una fuga en una cañería de agua potable. Todas las pérdidas de un servicio que tiene escasa micromedición se diluyen en los costos totales. Foto: Mauricio Garín
Redacción El Litoral
El aumento de los servicios sanitarios provistos por Aguas Santafesinas SA, del 10% para el bimestre 4 y del mismo porcentaje para el bimestre 5, recibió una serie de críticas en un amplio arco que comprende a legisladores, entidades de consumidores y dirigentes políticos y sociales.
Entre otras expresiones, se destaca la breve pero dura opinión del defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, en su cuenta de Twitter. “El nuevo aumento del agua NO se ajusta a los criterios de razonabilidad y progresividad dispuestos por la Corte Suprema (de Justicia de la Nación) en la causa Cepis”, dice el ex diputado provincial y ex ministro de Seguridad.
La definición refiere al centro de sus argumentos durante la audiencia pública de fines de diciembre de 2016.
Se trata de recordar los pilares del fallo de la cabeza del Poder Judicial de la Nación, que ordenó al gobierno nacional dar marcha atrás con los tarifazos -discutidos en tribunales durante todo un año- en materia de servicios de electricidad y gas.
En aquella exposición, Lamberto recordó que es una posición de todos los defensores del Pueblo de todo el país que los ajustes tarifarios “deben cumplir con los principios de gradualidad y proporcionalidad que garanticen el acceso universal” .
Y evaluó que la reducción de aportes del Tesoro Provincial para cubrir la diferencia entre ingresos por facturación y gastos operativos de Assa, debe producirse “a lo largo del tiempo en forma progresiva teniendo en cuenta las posibilidades de pago de los ciudadanos”.
Una voz en el Enress
En tanto, Oscar Urruty, integrante del directorio del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios dijo que “es exagerado e injustificado” el aumento que este año sumará 70,3%, por cuatro subas acumulativas.
El ex diputado provincial kirchnerista recordó que el Enress, en su resolución posterior a la audiencia pública de diciembre de 2016, advirtió que “en el análisis de la estructura de costos, señalamos que había ítems que no correspondían ser trasladados a la tarifa”. Pero “la empresa hizo caso omiso sobre esto y avanzó”.
“La amortización de los bienes de capital, los cálculos sobre los usuarios incobrables, la inclusión de obras que se estaban haciendo en jurisdicciones donde Assa no presta el servicio, etc. En suma, hubo más de 300 millones de pesos que tendrían que haber sido retirados de la estructura de costos para no ser trasladados a la tarifa que pagan los usuarios”, dijo Uruty.
Números
El ex diputado provincial Mario Lacava, quien siguió con atención la evolución tarifaria de las empresas estatales santafesinas, dijo que los aumentos de 2017 no son los primeros sobre los servicios de agua potable y cloacas prestados por Assa. Y recordó que entre 2008 y 2016 “en el orden del 800 %, mientras que sus costos operativos lo hicieron por debajo en un 700%”.
El dirigente peronista sostuvo que en el mismo período “el índice de precios de los materiales e insumos necesarios para las actividades de Assa subieron el 650 %, y del índice de salarios que alcanzó estimativamente el 550%”.
Y dijo que si a este proceso se suma el 70,3% de 2017 “se entiende cuál ha sido el impacto de este monumental tarifazo”.
Lacava agregó que los aumentos a partir de junio y agosto fueron dispuestos sin que se celebren audiencias públicas para su discusión (aunque ésta no sea de carácter vinculante). “Admito que estos aspectos legales son discutibles, pero si se admiten aumentos por la vía de una audiencia pública abierta para que empresa y gobierno hagan luego lo que quieran, el papel del Enress sería muy triste”, lamentó.
¿Denuncias?
La Multisectorial contra los Tarifazos, una organización de la ciudad de Rosario que llevó adelante manifestaciones desde su creación en 2016, afirmó que “este nuevo aumento no sólo es irracional sino que es violatorio de derechos humanos fundamentales”.
Juan Oscar Alcaraz, abogado de la entidad, recordó que “el agua es considerada, en distintos tratados internacionales, que forman parte de nuestra Constitución, como un derecho humano fundamental, esencial para la vida y para el desarrollo”. Y enfatizó que “hay un tratado de la Organización de las Naciones Unidas que establece que el valor del agua no puede superar el 3% del ingreso del hogar”. Y añadió: “Por lo cual, se está evaluando interponer denuncias a nivel internacional”.
El Enress apuntará al contrato
El Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress), ante la polémica por el monto del aumento en el servicio de agua potable y cloacas de la empresa estatal Aguas Santafesinas SA -y por la ausencia de audiencias públicas para los dos próximas subas tarifarias- tiene previsto advertir a la opinión pública que (por un problema contractual) no cuenta con todas las facultades necesarias como regulador.
Desde que la privada Aguas Provinciales de Santa Fe abandonó el servicio y se hizo cargo Aguas Santafesinas SA resta resolver el contrato de vinculación entre esa sociedad anónima (cuya mayoría accionaria es del Estado santafesino y en menor medida de las municipalidades) y el propio sector público provincial.
Ese vacío tiene consecuencias: hoy el Enress posee más facultades regulatorias sobre los servicios sanitarios en las municipalidades y las comunas con servicios no concesionados a Aguas que frente a la propia empresa estatal.
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