También los acusaron por asociación ilícita

Un padre, sus hijas y el dueño de una financiera presos por estafas

El juez Sergio Carraro dictó la prisión preventiva para cuatro de los cinco imputados en una nueva causa por tarjetas de crédito truchas. Uno de los involucrados recuperó la libertad con alternativas y hay un prófugo.

 

Juliano Salierno

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Tras más de cuatro horas de audiencia, el juez penal Sergio Carraro dejó tras las rejas a cuatro de los cinco miembros de una banda que operaba en Santa Fe y zonas aledañas mediante el uso de tarjetas de crédito y débito truchas, perjudicando a numerosos comercios, pero también a los titulares de las cuentas bancarias que utilizaban para completar la maniobra. Si bien la investigación data de siete meses, la empresa criminal estaba funcionando al menos desde septiembre de 2015. Sólo en esta instancia, la fiscalía expuso 162 hechos con un perjuicio patrimonial por $ 500.000.

La medida privativa de la libertad impuesta ayer, alcanzó a Edgardo Fabián Salinas, un financista entrerriano de 41 años, que fue detenido el martes de la semana pasada en Victoria, tras tres allanamientos en su casa, la financiera con la que operaba y una chacra de las afueras de la ciudad. Un día después, el miércoles 28 de junio, fueron apresados dos hermanos -Paola y Camilo Álvarez- en Santo Tomé, en el marco de cuatro allanamientos en el barrio Loyola, que realizó el departamento de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), a cargo del comisario Alejandro Tognolo. De los dos, Paola quedó tras las rejas, mientras que Camilo podría recuperar la libertad con alternativas si cubre una fianza real de $ 400.000.

Los otros dos implicados son Rocío Álvarez -hermana de los anteriores- y su padre Juan Carlos Álvarez, quienes se entregaron este martes, tras una semana de estar prófugos. Ambos fueron alcanzados por la medida cautelar aplicada por el Dr. Carraro.

Cuatro presos

Los cinco fueron imputados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Omar De Pedro, como coautores de “defraudación por uso de tarjeta de crédito o débito falsificada/adulterada en forma reiterada” y “asociación ilícita” en el rol de “organizadores”.

“Los cuatro que quedaron con prisión preventiva lo hicieron en carácter de organizadores de asociación ilícita, es decir, personas que se dedicaban a organizar y seleccionar cada uno de estos negocios que después estafaban con las tarjetas apócrifas”, explicó De Pedro al término de la audiencia.

En cuanto a Camilo Álvarez, dijo que “si bien se dispuso una salida alternativa hay que aclarar que es con fianza real de $ 400.000, eso significa que tiene que traer un bien de ese valor y quedar sometido a que esa persona cumpla, porque además tiene antecedentes”, agregó.

A propósito de la investigación iniciada en diciembre de 2016 y que insumió más de 200 horas de escuchas telefónicas que hizo Inteligencia de la PDI, para el fiscal De Pedro esto es apenas “la punta del iceberg. Es una investigación en plena marcha, les aseguramos que va a seguir”, anunció.

De hecho “hoy (por ayer) planteamos 162 hechos por un valor aproximado de 500 mil pesos, pero claramente no es lo que realmente ocurría, porque ya desde que hicimos la atribución la semana pasada hasta ahora han venido muchos más comercios víctimas por diferentes valores”.

Convocatoria a comercios

El Centro Comercial de Santa Fe y la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe (Fececo) comunican a sus respectivos asociados y comercios en general que en el marco de investigaciones penales preparatorias iniciadas el 27 de diciembre pasado, relacionadas con estafas realizadas en compras concretadas con tarjetas de crédito Visa, la Dirección Inteligencia Criminal Estratégica de la PDI ha solicitado la colaboración de todos aquellos que se han visto perjudicados a informar los datos de las personas involucradas, a fines de establecer si se corresponden con los investigados y en caso afirmativo los datos de las operaciones en particular y para el caso que existan, también registros fílmicos al momento de realizar la venta.

Esta información será incorporada a las actuaciones que se llevan adelante en las investigaciones referidas. Para mayor información contactarse por correo electrónico a: [email protected] (para Santa Fe) y a coordinació[email protected] (para el resto de la provincia).

La maniobra

A diferencia de otras operaciones con tarjetas de crédito, la maniobra que se investiga consiste en la falsificación de tarjetas de crédito con los datos de la banda magnética de un tercero, cuya cuenta tenía fondos, pero cuyo nombre no figuraba en el plástico, sino que era reemplazado por quien iba a realizar la compra ilegal.

Es decir que con nombre y DNI propio, los miembros de la organización delictiva realizaban compras y extracciones de dinero que se debitaban de la cuenta de un tercero desconocido. Si la operación era detectada por el dueño de la tarjeta, las pérdidas eran para el comercio; pero si nadie advertía la operatoria quien se veía perjudicado era el titular de la cuenta.

En la organización, Salinas se encargaba de proveer las tarjetas, es decir los plásticos, con el nombre de la persona física que iba a realizar la maniobra delictiva. Se las entregaba a cambio de un precio en efectivo o en especies, por artículos que él les solicitaba.

Además, la red necesitaba otro puntal, que era quien obtenía los datos de las tarjetas de crédito verdaderas y mediante el sistema de clonación de la barra magnética, confeccionaban el plástico a nombre de quien iba a realizar la compra.

Otro caso.

El mismo fiscal De Pedro, junto con la fiscal María Lucila Nuzzo, investigó este año otro caso de estafas mediante el uso de tarjetas de crédito, pero con la particularidad que las operaciones se hacían por vía electrónica, es decir por Internet. Producto de la labor fiscal fueron detenidos tres miembros de una familia, dos jóvenes de Santo Tomé -que luego recuperaron la libertad- y el renombrado hacker cordobés Emanuel Vélez Cheratto, apodado “Líbero”, quien además se encuentra procesado por la Justicia Federal por el ataque informático a la web de El Litoral.com el 27 de marzo.