Mucho más que un cambio de humor
Luisa Ortega Díaz, de fiscal chavista a enemiga del poder bolivariano
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz al momento de retirarse ayer de las inmediaciones del Ministerio Público en Caracas.
Foto: Agencia DPA
Néstor Rojas
DPA
La abogada Luisa Ortega Díaz pasó en cuestión de meses de ser una fiscal general de total confianza del oficialismo venezolano a enemiga número uno del proceso bolivariano.
Ortega, de 59 años, fue ratificada como fiscal general hace dos años para una gestión hasta 2021, con el apoyo de una Asamblea Nacional (Congreso) que estaba dominada entonces por el oficialismo, que expresaba total confianza en su desempeño.
Sin embargo, su distanciamiento con los líderes del chavismo se fue profundizando desde marzo pasado, hasta su destitución efectuada ayer por la Asamblea Constituyente, horas después de haberse instalado como órgano plenipotenciario. Ella había cuestionado esa Asamblea desde el principio y llamó al país a desconocerla.
La ahora ex fiscal había defendido la Constitución de 1999 como legado del mandatario Hugo Chávez. Advertía que la Constituyente anularía la Carta Magna y borraría los derechos humanos.
Desde que fue ratificada en 2014 como jefa del Ministerio Público, Ortega Díaz no había escuchado amenazas tan gruesas sobre su permanencia en el cargo de parte de funcionarios del Gobierno y el oficialismo como las de los últimos meses, en medio de la ola de protestas contra el Gobierno.
En síntesis, le advirtieron que sería destituida por la Constituyente, que finalmente asumió como un suprapoder.
Las diferencias comenzaron el 31 de marzo, cuando Ortega Díaz señaló que las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojaron de sus atribuciones a la Asamblea Nacional, ahora bajo control opositor, significaban una ruptura del orden constitucional. Aunque el TSJ retiró parcialmente los fallos, la fiscal mantuvo su posición.
Hasta ese momento, Ortega había acompañado con sus decisiones las líneas de la llamada “revolución bolivariana”. Considerada una militante de izquierda inclinada al proyecto bolivariano, sus decisiones eran invariablemente favorables al oficialismo y su discurso fuera de sospecha.
Hasta ahora nadie recordaba que desde su cargo puede ejercer recursos contra el poder Ejecutivo en materia penal y de corrupción, lo que fue visto como una amenaza por el Gobierno.
La semana pasada, Ortega denunció que funcionarios del Gobierno aún activos habían otorgado contratos por hasta 30.000 millones de dólares a la construtora brasileña Odebrecht y anunció que emprendería acciones penales con ellos.
Ortega había cuestionado además las acciones de los cuerpos de seguridad contra las manifestaciones opositoras, tras decenas de víctimas mortales. Durante las protestas, la Fiscalía ha imputado a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Nacional por varias de las víctimas mortales.
Maduro la acusó de ser “cómplice” de la “insurgencia armada” contra el Gobierno, como calificó las protestas.
Ortega es una abogada que llegó a la Fiscalía en 2002. Fue designada para el cargo en 2007 y ratificada en 2014 para el período 2014-2021 por la legislatura dominada por el oficialismo.
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