La política en foco

Una economía bajo las sombras de la ilegalidad

Esta semana en Rosario, la Justicia Federal dispuso el procesamiento de diez de los involucrados en la causa por facturas falsas que sigue junto a la AFIP y Gendarmería Nacional.

Germán de los Santos

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Hay una economía trucha, informal, que crece. Y esto sucede a la vista de todos. Sin embargo, es necesaria una maquinaria sofisticada para que esto funcione. En Rosario, la Justicia Federal descubrió un engranaje importante de lo que se llaman usinas de facturas truchas, que alimentaba a unos 6.500 comercios y empresas, y llegó a licuar impuestos por unos 2.500 millones de pesos. Las cifras y los ceros parecen descabellados.

Según los especialistas en materia tributaria existen por los menos tres tipos de facturas “truchas”: Las facturas “de papel impreso”, que ya están casi desaparecidas, y que surgían de un vulgar talonario impreso con datos ficticios. Las “apócrifas propiamente dichas”, comercializadas ilegalmente por empresas creadas para la venta de facturas. En este caso la factura era real, pero la operación y el emisor no. Y las “facturas buenas” instrumentadas para “transferir” inapropiadamente saldos a favor de IVA o Ganancias y quebrantos impositivos. La factura es verdadera, el emisor también, pero la operación no.

Este tipo de “truchada” puede aplicarse no sólo en la simple economía informal sino también en terrenos mucho más fangosos. Un caso paradigmático es el de Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones. Esta firma había utilizado estos comprobantes por decenas de millones de pesos emitidos a través de, al menos, tres grupos de empresas de Bahía Blanca con el objetivo de evadir millones en impuestos.

La facturación falsa le habría permitido al empresario reducir, durante los últimos años, el pago de gravámenes a la autoridad tributaria, que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones.

Esta semana en Rosario, el juez federal Carlos Vera Barros dispuso el procesamiento de diez de los involucrados en la causa por facturas falsas que sigue junto a la AFIP y Gendarmería Nacional. Seis de ellos seguirán detenidos y serán enviados a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal. Otros cuatro seguirán el proceso en libertad.

Fueron procesados con prisión preventiva de Lelio Omar Serafini, Marcelo Fabián Liporaci, Jorge Miguel Centeno, Adrián Marcelo Zeballos, la contadora María Cristina Ottaviano y Ricardo Astudillo como ‘coautores del delito de asociación ilícita tributaria‘ y ‘en calidad de organizadores‘.

Fuentes judiciales informaron que la investigación fue iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a partir de datos surgidos en 72 CUIT de sociedades constituidas por las mismas personas, utilizadas para emitir lo que comúnmente se llama “facturas truchas”, de las que se habrían abastecido alrededor de 6.500 comercios de todo el país.

El perjuicio para el fisco, según la AFIP, ascendería al menos a 2.500 millones de pesos como consecuencia de la operatoria ilegal.

Esta organización delictiva se dedicaba a “armar” empresas, que luego de inscribirlas en la AFIP eran utilizadas sólo para emitir “facturas truchas”, procedimiento que puede ser identificable a través de herramientas de control que el organismo diseñó a partir de la obligación de emitir facturas en forma electrónica, y el deber de las empresas de presentar los correspondientes libros electrónicos de compras y ventas.

Según los especialistas en materia tributaria existen por los menos tres tipos de facturas “truchas”.

Este tipo de “truchada” puede aplicarse no sólo en la simple economía informal sino también en terrenos mucho más fangosos. Un caso paradigmático es el de Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones.